CARTAGENA. La lluvia puede arrastrar hasta el mar los restos de mercancías y otros materiales que quedan depositados sobre las explanadas portuarias. La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) quiere estudiar cómo interceptar esas aguas antes de que lleguen a la dársena de Escombreras y ha preparado la contratación de una asistencia técnica para redactar un estudio de soluciones. El presupuesto máximo del contrato asciende a 137.281,40 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución será de seis meses.
El encargo es el paso previo a la elección de una actuación concreta. La empresa que resulte adjudicataria tendrá que examinar cómo circula el agua de lluvia por los muelles, qué sustancias puede arrastrar y qué sistemas permitirían recogerla, conducirla y tratarla sin entorpecer la actividad portuaria. El estudio deberá comparar varias alternativas, estimar cuánto costaría implantarlas y mantenerlas, y justificar cuál resulta más adecuada. La licitación corresponde a la redacción de ese estudio, no a la ejecución de las obras que puedan plantearse después.
Aunque el título del pliego menciona las dársenas de Cartagena y Escombreras, su descripción técnica desarrolla especialmente el problema de los muelles de esta última, donde se manipulan y almacenan graneles. El documento cita entre sus infraestructuras los muelles Príncipe Felipe, Isaac Peral, Polivalente y Sur, además de las terminales vinculadas a distintas mercancías industriales.
Qué ocurre cuando llueve sobre los muelles
La Autoridad Portuaria explica que las operaciones de carga y descarga, el almacenamiento temporal de mercancías y el paso de maquinaria pueden dejar sobre las explanadas polvo, partículas finas, restos orgánicos, fragmentos metálicos o hidrocarburos. Durante un episodio de lluvia, esos materiales pueden incorporarse a la escorrentía y alcanzar la red de drenaje.
El pliego identifica así un riesgo de arrastre de contaminantes hacia el medio marino que quiere analizar antes de definir las medidas necesarias. También advierte de que la acumulación de sedimentos puede obstruir los drenajes, causar encharcamientos y afectar a la operativa de los muelles. En determinadas circunstancias, su llegada a la dársena podría contribuir además a reducir el calado disponible para los buques.
Para conocer el alcance del problema, la consultora deberá estudiar los materiales que se manipulan en cada zona, la disposición de las explanadas, el estado del pavimento, sus pendientes y los puntos donde se acumula el agua. Tendrá que prestar especial atención a las áreas de carga y descarga, los espacios de acopio y las zonas por las que circulan vehículos pesados y maquinaria.
El análisis incluirá una caracterización de los posibles contaminantes presentes en el agua, entre ellos sólidos en suspensión, metales, hidrocarburos, nutrientes y restos asociados a fertilizantes o graneles agroalimentarios. A partir de ese diagnóstico, la empresa deberá determinar qué calidad habría que alcanzar tras el tratamiento y cómo gestionar los lodos o residuos que produjeran las soluciones propuestas.
De las canaletas a los depósitos de tormenta
El estudio tendrá que comparar sistemas completos, desde la captación del agua en superficie hasta su destino final. Entre los elementos que deberán examinarse figuran canaletas, rejillas, imbornales, colectores, posibles depósitos de retención y equipos de tratamiento. El pliego pide comprobar que todas las piezas funcionen como un conjunto: recoger el agua en un punto serviría de poco si una conducción posterior se saturase o provocase retornos durante una lluvia intensa.
La APC también quiere estudiar medidas para evitar que el agua limpia se mezcle con la potencialmente contaminada. El documento plantea dividir las áreas según su riesgo, actuar en los puntos donde se producen más arrastres y mejorar las prácticas de trabajo para reducir la cantidad de partículas que alcanza el drenaje.
Las soluciones de drenaje sostenible podrán formar parte de las alternativas, siempre que se justifique su utilidad en un entorno industrial. El pliego menciona, entre otras posibilidades, zanjas filtrantes, cunetas reforzadas o elementos de decantación. Cualquier propuesta tendrá que soportar el tráfico pesado, permitir las maniobras de grúas y vehículos y dejar espacio para las tareas de mantenimiento.
Tampoco se descarta aprovechar parte del agua una vez tratada. La consultora podrá estudiar su uso para baldear superficies, regar zonas verdes o controlar el polvo en las áreas de acopio, pero deberá acreditar que cada opción es viable desde el punto de vista técnico, económico y sanitario. La reutilización figura, por tanto, como una posibilidad que debe evaluarse, no como una decisión ya tomada.
Simular lluvias ordinarias y episodios extremos
Uno de los apartados más importantes será el estudio hidrológico. La adjudicataria tendrá que trabajar con al menos veinte años de registros de precipitaciones y calcular cómo respondería el sistema tanto ante lluvias habituales como ante episodios de mayor intensidad. Los pliegos exigen analizar distintos escenarios, incluidos eventos con periodos de retorno de 10, 25 y 50 años.
Esos cálculos permitirán estimar los caudales máximos, el volumen de agua que habría que retener y la capacidad necesaria para evacuarla o tratarla. La empresa deberá modelizar el comportamiento de las superficies y de la red de drenaje, identificar los puntos bajos y comprobar dónde podrían aparecer sobrecargas o encharcamientos. El diseño tendrá que considerar tanto las instalaciones actuales como las que se propongan.
La comparación no se limitará al coste inicial. La Autoridad Portuaria pide calcular también el gasto futuro en personal, energía, limpieza, maquinaria, sustitución de componentes, análisis del agua y gestión de residuos. La solución elegida deberá contar con un plan de mantenimiento que incluya revisiones periódicas y protocolos de actuación ante lluvias intensas o derrames accidentales.
Para escoger la alternativa final se utilizará una matriz de criterios. La viabilidad técnica, el impacto ambiental y la facilidad de mantenimiento tendrán un peso del 25% cada uno. El coste de inversión y explotación supondrá el 20% restante, salvo un 5% reservado a la integración territorial y social.
La empresa dispondrá de tres meses desde la firma del contrato para entregar un avance y de seis meses para completar el estudio. El resultado tendrá que incorporar la descripción y los planos de las alternativas, los cálculos hidráulicos, el análisis ambiental y una estimación económica de cada opción. Después, la APC revisará la documentación y podrá pedir modificaciones antes de darla por válida.
La asistencia técnica se financiará con cargo al plan de inversiones de la Autoridad Portuaria. Una vez seleccionada la solución, el estudio servirá de base para la posterior redacción del proyecto que concrete las actuaciones necesarias en los muelles.
