CARTAGENA. Cuatro años después de la rotura del emisario de la depuradora Mar Menor Sur, el agua depurada sigue saliendo al Mediterráneo a escasa distancia de Cala Reona. Qué controles se realizan mientras llega la nueva infraestructura centró este jueves una moción del concejal de MC Juan José López Escolar, rechazada por el pleno de Cartagena con los votos del PP, Vox y los concejales no adscritos Beatriz Sánchez y Diego Salinas. PSOE, MC, el Grupo Mixto y María Dolores Ruiz votaron a favor.
López Escolar evitó plantear otra petición genérica para construir el emisario. "La cuestión que debe abordarse ahora es mucho más inmediata. ¿Qué está ocurriendo actualmente en Cala Reona mientras esa solución definitiva no llega?", preguntó. El edil recordó los cierres preventivos de la playa durante este verano y pidió aclarar en qué condiciones técnicas, ambientales y administrativas se evacúa el agua de la estación depuradora. En julio, el Ayuntamiento comunicó que una incidencia en la decantación secundaria de la planta había provocado uno de esos cierres.
La moción solicitaba a las administraciones competentes copia de las autorizaciones e informes que amparan el vertido actual y un pronunciamiento por escrito sobre si la conducción y el punto de salida del agua se ajustan a esas condiciones. También reclamaba a la entidad responsable de la depuración y a Veolia, gestora de la planta, los datos de funcionamiento desde enero de 2022: volúmenes tratados y evacuados, analíticas, incidencias y medidas correctoras.
MC proponía, además, una inspección técnica extraordinaria, reforzar los análisis del agua y del entorno marítimo, estudiar medidas provisionales para los episodios de funcionamiento anómalo y publicar periódicamente la información en una página municipal. López Escolar pidió trasladar al pleno los datos recabados en un plazo máximo de 60 días y estudiar posibles actuaciones administrativas o judiciales si se detectaran incumplimientos.
"Entre el anuncio de una obra y su entrada efectiva en funcionamiento pueden transcurrir meses o incluso años", advirtió el concejal de MC. A su juicio, Cartagena debe exigir garantías durante ese periodo, aunque las competencias sobre depuración y autorización de vertidos correspondan a distintas administraciones.
La respuesta del Gobierno llegó de Diego Ortega, primer teniente de alcalde y concejal del área de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras. El edil del PP sostuvo que la Comunidad Autónoma estableció un plan adicional de vigilancia ambiental tras la rotura del emisario y que se realizan análisis semanales y quincenales tanto a la salida de la depuradora como en el medio receptor. Durante la temporada de baño, añadió, el laboratorio municipal pasó de la analítica preceptiva cada quince días a dos análisis por semana, que se hacen diariamente si se detecta una incidencia.
Ortega defendió que la planta funciona con los controles exigidos y rechazó crear una página web que reúna íntegramente los expedientes técnicos. "La transparencia consiste en garantizar el acceso a la información pública en los términos que establece la ley", argumentó. El concejal centró la solución en la construcción del nuevo emisario, cuya ejecución atribuyó al Ministerio para la Transición Ecológica. "Lo que necesita la depuradora de Cala Reona es que se haga ya el emisario y dejar de verter a pocos metros de la línea de playa como estamos haciendo actualmente", afirmó.
El portavoz socialista, Manuel Torres, anunció el apoyo de su grupo a la moción. Aunque Ortega defendió los controles existentes, Torres señaló la imagen de bañistas junto a la conducción y pidió que se resuelva la situación con la mayor rapidez posible.
Tras la votación, López Escolar lamentó el rechazo. "Cuatro años más tarde, y no sé los que quedarán, seguimos teniendo una imagen deplorable en la zona", afirmó. El edil insistió en que su propuesta pretendía aclarar las responsabilidades y dar información a los bañistas mientras se ejecuta la obra. Su deseo, concluyó, es que Cala Reona ofrezca una imagen distinta en el verano de 2027.