Cartagena, 7 nov (EFE).- El Partido Popular ha presentado una decena de preguntas de control al Gobierno, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, “sobre las evidentes ilegalidades” del Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) ubicado en el antiguo Hospital Naval de Cartagena.

De esta forma, el PP quiere exigir al Gobierno de la Nación “las explicaciones que se les están hurtando a los cartageneros desde que Pedro Sánchez decidió convertir la ciudad en la gran base peninsular de acogida de inmigrantes ilegales”.

El senador del Partido Popular, Francisco Bernabé, ha denunciado que “son unas instalaciones que acogen a más de un millar de seres humanos y que se han ejecutado por el Gobierno de España sin pedir los permisos municipales, careciendo de medidas de seguridad y ubicándolas en una zona de riesgo”.

En este sentido, ha enumerado la falta de medidas contraincendios y de condiciones de habitabilidad en las carpas. Además, el CAED está ubicación en una zona considerada como inundable “y sin autorización ni del ayuntamiento, ni de la Confederación Hidrográfica del Segura”.

Esto demuestra, según el senador del PP, “el nulo respeto a la legalidad y a la seguridad de las personas de este Gobierno de la corrupción, como la ha definido su vicepresidenta”, ha dicho aludiendo a una confusión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados.

También se pedirán explicaciones al Gobierno de Sánchez sobre “por qué Cartagena es la única ciudad de España que alberga simultáneamente dos grandes infraestructuras para acoger a inmigrantes irregulares” –un CAED y un CATE-- y “si piensa dar esta alegría a algún otro municipio”, ha indicado Bernabé.

Así, ha criticado que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena, ubicado en la Algameca Chica, no tenga una dotación policial propia, de forma que “cada vez que se produce la llegada de inmigrantes a nuestras costas, algo que sucede con muchísima asiduidad, son las dotaciones de la Policía Nacional las que tienen que atender dichas instalaciones, lo que deja muy mermado el servicio de protección y seguridad en la ciudad”.

“Mucho nos tememos que seguiremos sin recibir respuesta alguna a todas estas cuestiones por parte ni del Gobierno de Sánchez, ni del PSOE, tanto a nivel regional, en boca de su delegado gubernativo, Francisco Lucas, como a nivel local”, ha vaticinado.

Por su parte, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Cartagena, Ignacio Jáudenes, ha asegurado que el Ministerio “está trayendo a menores a Cartagena diciendo que son adultos y los envía a su suerte a un recinto sin vigilancia, ni tutoría, ni control”. “El Gobierno de Sánchez está condenando a menores de edad a un infierno”, ha remarcado.

La senadora socialista, Mariló Flores, ha respondido al PP acusándolo de estar “empeñado en asumir el discurso de la ultraderecha” y ha advertido que “lo único que conseguirá es acabar devorado por Vox”.

Flores ha hecho hincapié en que el Gobierno de España “está cumpliendo con su obligación moral y legal, que es la de ofrecer una atención digna a las personas que llegan a nuestras costas”, al tiempo que “está trabajando en origen con los países de los que proceden para evitar el tráfico ilegal de personas”.

Flores ha reiterado que el compromiso del Gobierno de España “se mantiene intacto” en relación a que las instalaciones del Naval “se están utilizando de manera provisional para atender una situación de emergencia migratoria”.