El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha trasladado la preocupación del Ejecutivo por las denuncias sobre una posible contaminación industrial en los suelos previstos para la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena y ha reclamado que esta cuestión quede plenamente aclarada antes de formalizar la cesión de la parcela para evitar retrasos en el proyecto. Aunque el Ayuntamiento ha rechazado estas acusaciones, el Gobierno exige que esta cuestión quede plenamente garantizada en la cesión definitiva para evitar problemas o retrasos futuros.

En este sentido, expertos en derecho ambiental recuerdan que, cuando existen indicios de contaminación en un terreno, la legislación obliga a inscribir esa circunstancia en el Registro de la Propiedad. Para eliminar esa carga, explican, es imprescindible cumplir con lo establecido en el Real Decreto 9/2005, mediante estudios completos del suelo y de los residuos presentes, realizados por entidades acreditadas. Solo si se acredita la ausencia de riesgo para la salud y el medio ambiente -o tras una descontaminación efectiva- la comunidad autónoma puede emitir una resolución oficial que permita levantar esa afección.

Sin embargo, advierten de que, en este caso, no consta dicha resolución autonómica, ya que el procedimiento se habría basado en un informe que no cumpliría con los estándares técnicos exigidos, lo que genera dudas jurídicas sobre la validez del levantamiento de la carga registral.

Lucas, por su parte, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo central con la construcción de la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena tras reunirse con el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Ángel Méndez, y miembros de su Junta Directiva.

Durante el encuentro, Lucas ha informado de que el estudio de tráfico remitido esta semana por el Ayuntamiento ya ha sido enviado a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes para su informe preceptivo, un paso clave dentro de la tramitación del proyecto. El delegado ha subrayado que el Ministerio está preparado para iniciar las actuaciones necesarias en cuanto el Ayuntamiento formalice la cesión de la parcela, una vez concluyan todos los trámites obligatorios.

En este contexto, ha recordado que el retraso no depende del Ministerio, ya que cuestiones como la segregación del terreno, el acuerdo sobre la urbanización o los estudios de tráfico son competencia municipal y aún estaban en proceso.