CARTAGENA. El desprendimiento registrado el pasado 20 de octubre en Cala de las Melvas ha devuelto al primer plano la discusión sobre las obras del Sendero Azul de Cabo de Palos. El derrumbe ha dejado parte del nuevo pavimento sin el terreno que le servía de apoyo y ha provocado nuevas peticiones para esclarecer qué ha ocurrido y cómo se va a asegurar la zona. Un grupo de vecinos, que no representa a la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, reclama una investigación independiente que determine si los trabajos han influido en el desplome. Es el mismo grupo de vecinos que ya en verano se manifestó en contra de unas obras que están respaldadas tanto por los empresarios como por la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos.
José Enrique Cárceles, presidente de la Asociación de Empresarios de Cabo de Palos, comparte la necesidad de pedir explicaciones, pero cuestiona que se vincule el desprendimiento a las obras sin tener en cuenta el estado anterior del terreno. Apunta que ya hace meses que los acantilados de todo el pueblo presentaban problemas y que las lluvias han provocado desprendimientos también en otros puntos del litoral. "Está claro que la zona está muy erosionada y que hay que actuar sobre ella. Hemos tenido desprendimientos en zonas que aún no estaban intervenidas con la obras del sendero. Estoy de acuerdo con que se tenga que investigar y ver las causas", secunda a su vez Raúl Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos.
El tramo afectado se encuentra junto al paseo del Acantilado, a la altura de la calle Punta Negrete. Las fotografías aportadas por el grupo de vecinos muestran la pérdida de terreno bajo el paseo, una conducción expuesta y restos del antiguo muro y del cerramiento sobre la ladera y junto al mar. La preocupación de los firmantes se extiende a la estabilidad del terreno colindante, los posibles riesgos para las viviendas próximas y las afecciones al medio marino.
Uno de sus principales reproches se centra en la ausencia de una campaña geotécnica específica. Según recoge la nota enviada a Murcia Plaza, el proyecto municipal señala que sus redactores no la consideraron necesaria por la experiencia del equipo y el tipo de actuación prevista. Los vecinos cuestionan esa decisión en un recorrido litoral en el que, recuerdan, ya existían problemas de erosión.
El grupo reconoce que los procesos erosivos previos y las lluvias pudieron influir en el derrumbe. Su planteamiento es que tampoco se descarte, sin una investigación técnica, una posible incidencia de las excavaciones realizadas en junio, los cambios en el drenaje o las cargas introducidas por la pavimentación. Por ello, pide una evaluación geológica, geotécnica y ambiental que abarque el entorno del proyecto y no únicamente el punto donde se ha producido el desprendimiento.
- Vista desde Cala de las Melvas: pérdida de terreno bajo el paseo y restos del cerramiento en la ladera y junto al mar. -
- Foto: Grupo de vecinos de Cabo de Palos.
Cárceles, por su parte, sitúa el problema en la fragilidad que ya presentaba ese tramo. Explica que allí existía desde hacía unos cuarenta años un muro de contención y que, a diferencia de otros puntos del recorrido, el terreno carece de una base rocosa comparable. A su juicio, la propia presencia de ese muro evidencia que la necesidad de contener el acantilado viene de lejos.
El representante empresarial asegura que ya había trasladado a Costas avisos sobre el deterioro de los acantilados en marzo de este año. También menciona una comunicación del 3 de marzo sobre desprendimientos anteriores en el entorno. Su argumento es que el episodio de octubre debe analizarse dentro de un proceso de erosión más amplio y teniendo en cuenta las lluvias.
Además, señala que el muro no cayó cuando se ejecutó la pavimentación, sino meses después. Cárceles sostiene que se han producido desprendimientos en otros tramos de los acantilados y rechaza que lo ocurrido pueda explicarse únicamente por la zanja abierta durante las obras. Esa defensa de la mejora del sendero no implica que comparta todas las decisiones del proyecto. "Yo no hubiera hecho la zanja esa pequeñita de 30 centímetros para meter luz", afirma. Según explica, la petición que defendían era acondicionar el pavimento, y cuestiona la incorporación de esa canalización para el alumbrado.
También sostiene que uno de los objetivos de la actuación era ordenar las escorrentías y reducir el daño que provoca el agua de lluvia sobre el terreno. Los firmantes de la nota, en cambio, señalan que en la documentación que han consultado no identifican partidas específicas para estabilizar el acantilado o proteger su base frente a la erosión marina. Ambos planteamientos dejan sobre la mesa la necesidad de precisar qué problemas abordaba el proyecto y qué actuaciones requiere ahora el tramo afectado. Pese a las diferencias, Cárceles coincide con varias de las reclamaciones del grupo de vecinos. "A mí me parece perfecto que pidan explicaciones, yo también las pido", señala. También considera necesario conocer cómo se va a intervenir y cuál ha sido la afectación ambiental del desprendimiento.
Los vecinos solicitan una inspección inmediata del acantilado y del pavimento que ha quedado sin apoyo, así como las medidas de protección que resulten necesarias. Piden evaluar los materiales que han caído a la ladera y al agua y determinar qué trabajos de retirada, contención y restauración deben acometerse. Asimismo, muestran su preocupación por que la zona dañada permanezca en su estado actual sin una solución.
- Pavimento de hormigón aparentemente descalzado y conducción expuesta bajo su superficie. -
- Foto: Grupo de vecinos de Cabo de Palos.
A esas peticiones añaden el acceso al expediente completo de las obras, incluidos los estudios previos, las autorizaciones, los informes de supervisión y la justificación de no realizar una campaña geotécnica específica. Según relatan, registraron una instancia colectiva el 19 de junio y presentaron nuevos escritos en las semanas siguientes, sin haber recibido la documentación que reclaman.
El grupo recuerda además la recogida de más de 2.000 firmas y la manifestación del 23 de agosto, a la que, según sus cifras, asistieron unas 150 personas. Reclama que se revisen el proyecto y sus alternativas con participación pública antes de decidir sobre la reanudación de los trabajos o nuevas intervenciones. Cárceles defiende la necesidad de mejorar el recorrido, pero coincide en pedir explicaciones sobre lo sucedido y sobre la respuesta que se dará al derrumbe.
