El Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado un contrato de servicio para la elaboración de un informe técnico sobre el estado de conservación y las necesidades de intervención en el Castillo de la Atalaya, una fortaleza del siglo XVIII situada en el término municipal.

El adjudicatario es José Manuel Chacón Bulnes, con un importe total de 8.228 euros (IVA incluido). El contrato, tramitado por el departamento de Patrimonio Arqueológico, fue adjudicado este pasado mes de enero.

El objeto del encargo es analizar la situación actual del castillo y definir qué actuaciones serían necesarias para su conservación y futura puesta en valor. Hay que recordar que este castillo se encuentra en la lista roja de Hispania Nostra, que recuerda que sufre abandono y se encuentra en progresivo deterioro, "habitado por indigentes y totalmente expoliado, habiendo desaparecido tanto los cañones como escaleras de piedra. Varias son las asociaciones y los vecinos que se han hecho eco del estado de deterioro del edificio. Se observan pintadas y otros actos vandálicos en sus muros".

Recordemos que en junio de 2016, el Ayuntamiento de Cartagena pasó a ser oficialmente propietario del Castillo de la Atalaya y de la parcela de unas 30 hectáreas que lo rodea, tras firmarse el convenio de cesión gratuita con el Ministerio de Hacienda. Hasta ese momento, la fortaleza pertenecía al Estado. La cesión culminó un proceso iniciado en septiembre de 2015, a raíz de la petición de un vecino del barrio de la Concepción, Juan Vidal García, que durante años reclamó que el castillo pasara a manos municipales. La orden ministerial se firmó el 24 de mayo de 2016 y permitió inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento.

En aquel momento, el entonces alcalde, José López, aseguró que la intención municipal era restaurar la fortaleza “en cuanto hubiera capacidad económica” y ponerla en valor para el uso y disfrute de la ciudadanía, además de estudiar proyectos de carácter cultural, formativo e interpretativo. Un año después, se invirtió algo más de 40.000 euros para proteger la fortaleza y su entorno mediante trabajos de limpieza en general, eliminación de enseres y materia orgánica, desbrozado de maleza y vegetación y limpieza del castillo en todas sus dependencias y su entorno. De igual forma, se llevaron a cabo acopios de elementos arquitectónicos sueltos y consolidación de estructuras deterioradas, mediante apuntalamientos y apeos, evitando el colapso de las mismas. También se taparán, con maderas, los huecos en lienzos y flancos abiertos por vandalismo.

Diez años después, el encargo de este informe técnico supone un paso, al menos, para conocer con precisión el estado real del Castillo de la Atalaya y evaluar qué tipo de intervención sería necesaria para su conservación y posible recuperación como espacio patrimonial.

El edificio es considerado BIC desde 1997. 

El castillo que hoy conocemos es una obra del siglo XVIII, levantada en el contexto de la gran reorganización defensiva de Cartagena tras convertirse en uno de los principales arsenales militares de España.

A partir de 1739, con la creación del Arsenal de Cartagena, la Corona impulsó una red de fortificaciones para proteger la ciudad y el puerto. El Castillo de la Atalaya se construyó como parte de ese sistema defensivo junto a otros fuertes como Galeras, San Julián, San José o Despeñaperros.

Su función era doble:
• Defender el flanco norte de la ciudad.
• Vigilar posibles ataques por tierra y controlar las comunicaciones interiores.

Durante los siglos XVIII y XIX fue una instalación militar activa. Estaba artillado y guarnecido, aunque nunca llegó a protagonizar grandes acciones bélicas. Formaba parte de un cinturón defensivo que convirtió a Cartagena en una de las plazas militares más importantes del Mediterráneo español.

Con el paso del tiempo y los cambios en la tecnología militar, el castillo fue perdiendo utilidad. A finales del siglo XIX y principios del XX quedó prácticamente abandonado y entró en un proceso de deterioro progresivo.

Durante décadas permaneció sin uso, sin mantenimiento y sin protección efectiva, lo que provocó su degradación estructural.