Hace más de un siglo (1924) que se publicó el libro que podrán visualizar, al menos la portada del mismo, denominado Libro del Patrimonio de Cartagena. Catálogo de los Bienes propios del Exmo. Ayuntamiento de Manuel Martínez de Azcóitia, José Mediavilla y Federico Casal. “Los cartageneros tienen derecho a conocer y rescatar todas las propiedades que les pertenecen, mantener los derechos que les corresponden y exigir el cumplimiento de las obligaciones de que su municipio es acreedor”, dice aquel volumen para justificar la necesariedad del mismo.
Que un ayuntamiento tenga un inventario de bienes propios es muy importante, por varios motivos; primero porque la ley obliga a las administraciones públicas a mantener inventariado su patrimonio. Si está desactualizado puede provocar un incumplimiento de la gestión pública.
Pero, por otro lado, y no menos importante, permite saber con claridad qué bienes posee el municipio, su valor, su uso y su situación jurídica. Esto evita la pérdida, el abandono o la ocupación indebida de bienes públicos. Como ejemplo podemos rescatar el caso de la Muralla Carlos III, que, si no recuerdan mal, está afectada por la caída de cascotes al foso, con el consiguiente peligro para la integridad humana -y perruna- de los que por allí transitan. Pues bien, el concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, recordó hace unos días que según la opinión de los servicios jurídicos municipales es que la muralla es propiedad del Estado... ¿seguro o no?
Con un inventario actualizado se pueden planificar mejor los recursos, mantenimiento, cesiones o ventas (la propiedad del Monasterio de San Ginés de la Jara, molinos de viento sin notas registrales, etc...), lo que conlleva a que estar correctamente identificados y registrados se protege el patrimonio frente a posibles reclamaciones y expropiaciones.
Han sido varias las veces que desde la oposición se ha llevado al Pleno la propuesta de actualizar el inventario de bienes propios, especialmente incisiva ha sido desde su asiento dentro de la corporación la concejala no adscrita María Dolores Ruiz. A pesar de haberlo lidiado con diferentes concejales en diferentes legislaturas y a pesar de haberse aprobado en Pleno en junio de 2020, este inventario sigue sin ser actualizado. Posteriormente, la propia concejala de esa legislatura, María Amoraga, afirmaba con seguridad que es este un “instrumento dinámico y vivo, que puedan consultar los ciudadanos, que es una herramienta de gestión de incidentes. Es mucho más que un listado, es una herramienta viva”.
Sin embargo, justifican para no haberlo acometido desde Patrimonio la falta de un programa informático para llevarlo a cabo y la excusa del ayuntamiento evidencia una carencia administrativa seria, porque el inventario puede y debe mantenerse actualizado incluso con medios más simples.
Ahora que el Presupuesto de 2026 ha empezado a elaborarse, ¿puede ser el momento en el que Cartagena, como ocurría hace un siglo sea capaz de solventar todos los problemas técnicos y acometa este trabajo tan necesario como urgente?