La Mar Menor vuelve a situarse en el centro de la polémica. La Plataforma de Afectados por Fotovoltaicas ha denunciado la reanudación de trabajos en una planta solar tras una decisión judicial que ha levantado la suspensión cautelar del proyecto, permitiendo a la empresa promotora retomar las obras.

Recordemos que hace tan solo unas semanas, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena acordó el levantamiento de la suspensión cautelar de las obras de los proyectos fotovoltaicos Manganefer I y II, que lleva a cabo la empresa Nefer Power, al considerar que se cumplen todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos por la Administración regional. Esta decisión permite a la empresa reanudar los trabajos en estas plantas solares, ubicadas en Los Belones, en el Campo de Cartagena. Estas actuaciones, destinadas a la construcción de plantas de energía solar, habían sido suspendidas por el Ayuntamiento de Cartagena. Esta medida queda ahora sin efecto tras el auto dictado el 15 de abril de 2026. Los proyectos forman parte del desarrollo de infraestructuras de energía renovable en la zona.

La extensión de cada una de las huertas solares es de alrededor de 10 hectáreas. Las parcelas están ubicadas entre la urbanización residencial La Manga Club y el paraje Las Barracas.

El colectivo vecinal sostiene, por su parte, que el juzgado ha optado por priorizar los perjuicios económicos de la empresa frente a la protección ambiental, en un enclave considerado especialmente vulnerable. “Se está colocando el interés económico por encima de la conservación del territorio”, critican.

Uno de los puntos más sensibles señalados por la plataforma es el presunto incumplimiento del Informe de Impacto Ambiental. Según denuncian, este documento prohíbe expresamente realizar obras entre marzo y julio, un periodo clave por la alta vulnerabilidad de la fauna. Sin embargo, aseguran que los trabajos se han reanudado sin respetar esta limitación.

Además, consideran que el proceso judicial ha sido excesivamente limitado en su análisis, centrado casi exclusivamente en el posible cambio del aterrazamiento, dejando fuera otras actuaciones relevantes como la compactación del suelo, la alteración de márgenes de caminos y la modificación de escorrentías naturales

El proyecto se desarrolla en un área catalogada como de máxima protección ambiental, lo que, según los vecinos, debería implicar una vigilancia más estricta. Recuerdan que el entorno del Mar Menor ya sufre una fuerte presión derivada de la actividad agrícola, uno de los factores señalados históricamente en su degradación.

También cuestionan la falta de alternativas con menor impacto ambiental en el informe aprobado, una carencia que califican de grave dada la sensibilidad del territorio.

A la controversia se suma la intención de la empresa de transformar la instalación en un proyecto agrivoltaico, con estructuras de hasta cuatro metros de altura. Para la plataforma, este cambio constituye una modificación sustancial que debería tramitarse como un nuevo proyecto, incluyendo una nueva evaluación ambiental y autorización administrativa.

Ante este escenario, los vecinos han anunciado que presentarán alegaciones ante la Consejería de Medio Ambiente, respaldadas por documentación técnica y pruebas gráficas. Denuncian además la falta de interlocución con la administración regional, tras más de tres meses solicitando una reunión sin éxito.

El colectivo también lamenta que el Ayuntamiento no haya defendido con mayor firmeza la paralización inicial de las obras durante el proceso judicial.

Llamamiento ciudadano

Finalmente, la plataforma hace un llamamiento a la ciudadanía para visibilizar lo que consideran un grave problema ambiental en el entorno del Mar Menor, un espacio que continúa acumulando tensiones entre desarrollo energético y conservación ecológica.