El Ayuntamiento de Cartagena ha tratado de salvar una situación que le impedía las ayudas a la jubilación anticipada a sus funcionarios. La junta de gobierno ha propuesto hacer aportaciones extraordinarias al Plan de Pensiones de cada funcionario, y esa cantidad no es la misma para todos: varía según los años de servicio.

La Junta ha dado luz verde a un acuerdo con la Junta de Personal para modificar las condiciones laborales. Así, los antiguos incentivos por jubilación se sustituyen por dos aportaciones especiales al fondo de pensiones durante los dos últimos años de la carrera profesional. Para quien haya dedicado 30 años de su vida laboral al Ayuntamiento, eso supone recibir 8.500 euros en cada una de esas dos aportaciones.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esto? Todo viene de un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que dejó claro que esas ayudas a la jubilación anticipada, que el Ayuntamiento externalizó a través de un seguro colectivo con Mapfre Vida, no tienen amparo legal. Básicamente, las consideraron incentivos retributivos sin cobertura normativa en la función pública local. Y no es un caso aislado: sentencias judiciales recientes han reforzado esta postura.

Así, el Ayuntamiento de Cartagena se ve obligado a dejar atrás esas ayudas que venían aplicando desde 2019 y a plantear con urgencia la revisión de los acuerdos de prejubilaciones adoptados en los últimos años, concretamente en 2019, 2022 y 2023. Se ha buscado una fórmula para que los derechos adquiridos por los funcionarios que habían anticipado su jubilación no se pierdan por completo. En definitiva, un cambio que busca cumplir la ley sin dejar de reconocer el esfuerzo y dedicación de quienes han trabajado durante décadas al servicio público.