Cartagena ha elevado el tono. Ayuntamiento y Gobierno regional han vuelto a cerrar filas con los trabajadores de Sabic en un momento crítico, marcado por la incertidumbre sobre el futuro de la planta de Lexan 1 tras su venta al grupo Mutares. La reunión con el comité de empresa ha servido no solo para analizar escenarios, sino para lanzar un mensaje político claro: el empleo no se negocia.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, fue directa: "Cartagena es alfombra roja para las inversiones, pero no para que las empresas se vayan sin cumplir. Es muy fácil venir, pero les va a resultar muy difícil marcharse si no cumplen con su responsabilidad".

Un aviso sin matices que refleja el clima de tensión creciente en torno a la posible reestructuración de la planta. Arroyo insistió en que las administraciones han facilitado durante años la implantación industrial y ahora exigen compromiso: “No pueden tomar decisiones con consecuencias tan graves para cientos de familias después de haber recibido apoyo institucional”.

La alcaldesa puso el foco en el impacto social: "Hay familias enteras viviendo con incertidumbre. No vamos a permitir que se juegue con su futuro".

En la misma línea, la consejera de Empresa, Marisa López, subrayó que el Gobierno regional mantiene una vigilancia constante: "Nuestra prioridad es la defensa del empleo y de la industria química en Cartagena. Vamos a ser garantes de que se cumplan todas las condiciones".

López detalló que se han activado contactos en todos los niveles, desde el Gobierno de España hasta Bruselas: "Hemos pedido fondos para la reindustrialización de Cartagena y estamos defendiendo su papel estratégico en Europa, donde se están identificando productos clave que deben fabricarse aquí".

El consejero Juan María Vázquez reconoció la falta de certezas: “La incertidumbre es ahora mismo el denominador común. Por eso hemos acordado mantener una mesa permanente con el comité de empresa para analizar todos los escenarios”.

Aun así, fijó las prioridades: “La primera decisión es que no haya pérdida de empleo. Y la segunda, que incluso se genere más empleo industrial en la Región”.

Los trabajadores: "No hay información, pero la planta está a pleno rendimiento"

Desde el comité de empresa, su representante Pascual Sánchez agradeció el respaldo institucional, pero volvió a denunciar la falta de información por parte de la empresa: "Seguimos en una situación de incertidumbre, sin saber qué va a ocurrir con la planta Lexan I".

Sánchez insistió en que existen alternativas viables para mantener la actividad, como proyectos pendientes de ejecución: "Llevamos años defendiendo iniciativas como una planta de biomasa que reduciría costes y permitiría dar continuidad a la producción".

Pero, al mismo tiempo, el comité ya contempla escenarios negativos. "Si finalmente hay destrucción de empleo con la llegada de Mutares, habrá que activar planes de reindustrialización y recolocación, especialmente para trabajadores mayores de 50 años y para la industria auxiliar", advirtió.

Uno de los datos más llamativos lo puso sobre la mesa el propio Sánchez: "Curiosamente, la planta está trabajando más ahora. Está prácticamente a plena carga cuando durante años ha estado a niveles más bajos".

Una situación que, según el comité, responde a compromisos comerciales previos a la operación: "Entendemos que están produciendo al máximo para cumplir con los clientes antes de la llegada de la nueva empresa".

Movilizaciones en el horizonte

El comité de empresa no descarta intensificar la presión en la calle. De hecho, ya hay una primera fecha marcada: el 10 de abril, cuando se celebrará una concentración para visibilizar el impacto que tendría un eventual cierre.

Las cifras que manejan son contundentes: hasta 350 empleos directos y más de 2.000 indirectos podrían verse afectados.

Aun así, los trabajadores mantienen una puerta abierta: "Seguimos dando la oportunidad a la empresa de que garantice la continuidad. Pero si no hay avances, habrá más movilizaciones”, avisó Sánchez.

Un pulso abierto

Con todos los escenarios sobre la mesa y sin una hoja de ruta clara por parte de la empresa, las administraciones y los trabajadores coinciden en una idea: Cartagena no está dispuesta a perder uno de sus pilares industriales sin luchar.

El mensaje es unánime y cada vez más contundente. Como resumió la alcaldesa: “Aquí hay futuro industrial. Lo que no vamos a permitir es que se destruya”.