Cartagena podrá empezar a trabajar en el desarrollo de actividades económicas estratégicas en cuanto el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reciba su aprobación inicial, que está prevista para el próximo 12 de febrero, día de Pleno extraordinario para abordar y aprobarlo. Así lo sostiene el Ayuntamiento, que defiende que no será necesario esperar a la validación definitiva por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) para poner en marcha proyectos vinculados al suelo industrial, empresarial u hotelero.
La aprobación inicial permitirá, según el Gobierno municipal, agilizar la tramitación de licencias de urbanización y construcción en ámbitos clave como el Valle de Escombreras, favoreciendo nuevas inversiones y desbloqueando iniciativas que en los últimos años permanecían paralizadas por la falta de un marco urbanístico actualizado.
El suelo industrial de Cartagena crecerá en torno a 700 hectáreas. La propuesta contempla incorporar 6.984.744 metros cuadrados de nuevo suelo industrial, que se distribuye en tres ámbitos situados al norte y al este del municipio: el entorno de la depuradora de Cabezo Beaza, el espacio comprendido entre Los Camachos y el este de El Algar, y la zona de Los Carboneles, en la carretera de La Palma.
El Consistorio argumenta que este primer paso ya ofrece seguridad jurídica suficiente para impulsar sectores productivos, especialmente en áreas donde el planeamiento vigente, aprobado en 1987, ha quedado desfasado frente a las necesidades actuales del municipio.
Sin embargo, el nuevo escenario urbanístico tendrá efectos inmediatos no solo en el desarrollo económico, sino también en la regulación. Toda licencia de obras deberá cumplir simultáneamente las determinaciones del PGOU de 1987 y del nuevo documento de 2024, de modo que las restricciones que introduzca el plan revisado serán aplicables desde el primer momento.
Entre los ejemplos señalados figura la implantación de determinadas actividades como plantas de biogás o instalaciones fotovoltaicas, que quedarán sujetas a la nueva ordenación desde la aprobación inicial, incluso antes del visto bueno definitivo de la Comunidad.
El nuevo PGOU incorpora además un paquete de medidas orientadas a reducir costes de construcción y aumentar la oferta residencial, especialmente en vivienda protegida. La alcaldesa ha defendido que el plan introduce incentivos para facilitar la edificación en el casco urbano y favorecer la recuperación del centro histórico.
Una de las principales novedades será que los edificios podrán resolver el aparcamiento obligatorio en superficie o en plantas superiores sin que ello reduzca el número de plantas destinadas a vivienda. Es decir, los aparcamientos no computarán como edificabilidad ni como altura, evitando que los proyectos tengan que sacrificar pisos residenciales para cumplir con los requisitos de estacionamiento.
Otra medida destacada busca evitar que la aparición de restos arqueológicos siga siendo un freno para construir en el centro. El Gobierno municipal propone compensaciones de edificabilidad de hasta el 35% cuando se localicen restos y de hasta el 40% cuando se trate de promociones destinadas a vivienda protegida.
En caso de que la protección patrimonial impida aplicar ese incremento en el mismo solar, el aprovechamiento no ejecutado podrá trasladarse a otra parcela. Arroyo afirmó este pasado viernes que se trata de una medida pionera, diseñada específicamente para un problema recurrente en Cartagena.
El Ayuntamiento plantea también ampliar el suelo disponible para vivienda protegida mediante el cambio de calificación de parcelas municipales actualmente destinadas a equipamientos en desuso. Estos terrenos podrán pasar a uso residencial colectivo, una posibilidad que también se abre a suelos privados de equipamiento siempre que no estén reservados para usos educativos o sanitarios.
Como incentivo principal, el plan prevé que promociones en suelo libre que se destinen íntegramente a vivienda protegida puedan beneficiarse de incrementos de edificabilidad de hasta el 40%, porcentaje que podría alcanzar el 50% en parcelas públicas.
El Gobierno local sostiene que la revisión del PGOU servirá para resolver problemas históricos y generar nuevas oportunidades urbanísticas. Entre las actuaciones previstas figuran la reserva de suelo público en Cabo de Palos para aparcamiento disuasorio, la consolidación del recinto ferial de Pozo Estrecho o la calificación del antiguo depósito de Canteras como sistema general para su futura adquisición y uso público.
Además, se contempla un plan especial para el polideportivo Jiménez de la Espada, que permitirá mejorar instalaciones deportivas e incorporar usos complementarios como aparcamientos en plantas superiores.
Con este nuevo marco, Cartagena afronta una transformación urbanística que, según el Ejecutivo municipal, permitirá acelerar inversiones y vivienda desde su aprobación inicial, aunque con efectos normativos inmediatos que también marcarán desde el primer día los límites del nuevo modelo de desarrollo.
