El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha dado este lunes un paso más hacia su aprobación en Pleno el próximo jueves tras el dictamen favorable de la comisión informativa de Urbanismo, reunida por la mañana para revisar el documento, las propuestas del Gobierno municipal para más vivienda y más suelo industrial, y las alegaciones presentadas por particulares y por los propios grupos municipales.

La tramitación de las principales propuestas del Gobierno ha salido adelante con el respaldo de la mayoría de los grupos a excepción de MC, que se ha abstenido en todas las propuestas.

También se han incorporado, tanto de modo total como parcial, una tercera parte de las de las más de 1.600 alegaciones formuladas por particulares, aunque otra parte de las que se han rechazado han sido luego incorporadas a través de propuestas del Gobierno y de los grupos municipales.

La votación final del dictamen ha contado con los votos favorables de PP, Vox y la concejal no adscrita, María Dolores Ruiz; y las abstenciones de PSOE, MC y Sí Cartagena.

El presidente de la comisión y concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, ha destacado la inclusión de “la mayor parte de las propuestas de los grupos de la oposición en busca del mayor consenso posible para el documento más importante que se ha a aprobar en la legislatura”.

Para Ortega, la tramitación “sigue adelante con un documento muy completo que garantiza suelo disponible para vivienda asequible y medidas para apoyar la construcción, muchas de ellas novedosas y pioneras en Cartagena. Además, damos más oportunidad a la creación de empresas ampliando el suelo industrial. Y a esas medidas hemos incorporado propuestas de ciudadanos y también de todos los grupos de la oposición, porque siempre hemos querido la mayor participación y lograr el mayor de los consensos en el diseño de la Cartagena del futuro”.

En vivienda, el Gobierno plantea un paquete de incentivos para aumentar oferta y reducir costes de construcción. Una de las medidas permite resolver el aparcamiento obligatorio en superficie sin que el edificio pierda plantas de vivienda, al no computar esas plantas de garaje ni en edificabilidad ni en número de alturas dentro de los criterios previstos. La propuesta, que nació como respuesta a las limitaciones de zonas inundables, se extiende al conjunto del municipio, aunque en el Casco Antiguo se regirá por lo dispuesto en el PEOPCH, ahora en revisión.

El documento incorpora también compensaciones por hallazgos arqueológicos, con incrementos de edificabilidad de hasta el 35% cuando aparezcan restos, y de hasta el 40% cuando la promoción se destine a vivienda protegida. Si por protección patrimonial o paisajística ese incremento no se puede materializar en el propio solar, el aprovechamiento no ejecutado podrá trasladarse a otra parcela.

Otra línea de trabajo afecta al suelo destinado a equipamientos. La propuesta abre la opción de cambiar la calificación de propiedades municipales hoy calificadas como equipamiento y en desuso para permitir vivienda residencial colectiva, y extiende esa posibilidad a suelos privados de equipamiento, con la condición de que no sean reservas para usos educativos ni sanitarios.

El incentivo principal para aumentar vivienda protegida se fija en la edificabilidad. Las parcelas de uso residencial libre que destinen toda la promoción a vivienda protegida podrán obtener un incremento de hasta el 40%, y de hasta el 50% cuando se trate de parcelas públicas, siempre que el cambio a vivienda protegida afecte al conjunto de la promoción.

En el apartado de reducción de costes, el texto añade que determinados espacios comunes de uso comunitario no computarán a efectos de edificabilidad dentro de límites. En vivienda colectiva se admite hasta el 10% de la superficie residencial computable, con un máximo de 300 m², y en alojamiento comunitario hasta el 15%, con un máximo de 500 metros cuadrados.

En el suelo residencial, el Gobierno mantiene como objetivo ampliar la capacidad del plan desde una previsión inicial de unas 80.000 viviendas hacia una cifra cercana a 100.000. Para ello, los servicios técnicos trabajan en la incorporación de unas 700 hectáreas adicionales, con el compromiso de que los nuevos desarrollos continúen los ya consolidados y con límites a la edificación en altura en diputaciones. Con esa ampliación, la superficie urbanizable para vivienda pasaría del 5,7% al 7% del total del término municipal.

En suelo industrial, el Gobierno propone incorporar 6.984.744 metros cuadrados de nuevo suelo, repartidos en tres ámbitos: el entorno de la depuradora de Cabezo Beaza, el espacio entre Los Camachos y el este de El Algar, y la zona de Los Carboneles, en la carretera de La Palma. Esa ampliación se suma a la ya contemplada en Escombreras, donde la aprobación inicial elevó la superficie industrial de 7,7 a 9,8 millones de metros cuadrados, además de 459.000 metros cuadrados de suelo urbanizable industrial, con un suelo industrial existente antes de la revisión que suma 21.212.444 metros cuadrados entre urbano y urbanizable.

El nuevo texto refuerza el uso productivo del suelo industrial al prohibir plantas de biogás o fotovoltaicas en esta clase de suelo, salvo cuando se diseñen para suministrar energía a una inversión industrial concreta. También modifica la altura de referencia de las naves, que pasa a 12 metros, y permite autorizar mayores alturas cuando el proyecto lo requiera. El Gobierno añade que la generación de nuevo suelo industrial garantiza al Ayuntamiento el 10% de esa superficie para infraestructuras estratégicas, servicios avanzados y apoyo a la captación de inversiones.

En la parte final de la revisión se incluyeron otras actuaciones, a modo de relación: reserva de suelo público en Cabo de Palos para aparcamiento disuasorio y posible uso de mercadillo; calificación del Camino del Sifón como sistema general; consolidación del recinto ferial de Pozo Estrecho como sistema general; calificación como sistema general del antiguo depósito de agua de Canteras; y un plan especial para el polideportivo Jiménez de la Espada que mantenga el uso deportivo en planta baja y admita usos complementarios en plantas superiores, entre ellos aparcamiento.

Por parte de MC se ha incorporado una propuesta para habilitar una banda de protección de suelo en la antigua carretera de Cartagena- La Unión para desarrollar un futuro bulevar entre las dos poblaciones, tal y como se convino en el año 2008.

Por parte del PSOE se ha introducido una banda de protección de unos 600 metros respecto a los límites de cualquier tipo de suelo para que no autoricen instalaciones fotovoltaicas que no sean para el autoconsumo.

Por último, a propuesta de la concejala no adscrita María Dolores Ruiz se han incluido varias cuestiones. 

En primer lugar, en el ámbito del Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico (PEOPCH), actualmente en proceso de revisión, coincide con el Conjunto Histórico de Cartagena, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Este ámbito requiere una protección específica debido a su elevado valor patrimonial, que incluye los restos arqueológicos existentes en su subsuelo, las edificaciones catalogadas, el paisaje urbano configurado por las cinco colinas que rodean el casco histórico y su relación directa con el Mar Mediterráneo.

En este contexto, una de las alegaciones presentadas al Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) en tramitación plantea incrementos de edificabilidad de hasta un 35 % por la existencia de restos arqueológicos, de hasta un 40 % por la incorporación de vivienda protegida, así como la posibilidad de ejecutar aparcamientos sobre rasante que no computen ni a efectos de edificabilidad ni de alturas.

La aplicación generalizada de estas compensaciones en el Casco Histórico, con carácter previo a la aprobación definitiva de la revisión del PEOPCH, podría generar impactos irreversibles sobre los valores patrimoniales y paisajísticos que el Plan Especial debe salvaguardar de manera prioritaria.

Por todo ello, ha solicitado que el PGMO incorpore las siguientes condiciones:

Supeditar cualquier incremento de edificabilidad derivado de la presencia de restos arqueológicos, la promoción de vivienda protegida o la ejecución de aparcamientos sobre rasante en el Casco Histórico, a lo que determine la aprobación definitiva de la revisión del PEOPCH. Hasta ese momento, en el Casco Histórico serán de aplicación exclusivamente los parámetros establecidos en el PEOPCH vigente de 2005.

Reconocer que la escasez de aparcamientos es una característica habitual de los centros históricos y que, en el caso de Cartagena, la declaración como BIC responde fundamentalmente a la relevancia de los restos arqueológicos existentes en su subsuelo. En este sentido, y con el fin de facilitar el cumplimiento de las exigencias de dotación de plazas de aparcamiento, se propone que el PGMO contemple alternativas, como la localización de plazas en un entorno próximo al Casco Histórico, en un radio aproximado de entre 800 y 1.000 metros.

Segunda propuesta, ermita de San José

La ermita de San José, identificada con el número de ficha 160248 del catálogo del planeamiento municipal, cuenta con un grado de protección 2. Su estado de ruina progresiva contrasta con la estrecha relación que mantiene con la hacienda en la que se ubica la Torre del Negro, así como con su valor como elemento vinculado al patrimonio inmaterial universal de la Trashumancia, del que formó parte destacada.