El director general de la Autoridad Portuaria de Cartagena, José María Fuster, llevó hace unos días la experiencia del puerto cartagenero al corazón de la política europea. Lo hizo desde el Parlamento Europeo, en un foro organizado por el Intergrupo SEArica centrado en puertos, flujos críticos y preparación militar.

No fue una intervención teórica. Fuster expuso un modelo que en Cartagena funciona desde hace casi tres siglos. Desde 1731, la base naval -sede de la flota de submarinos española- y los muelles comerciales conviven en el mismo espacio. Infraestructura civil y operativa militar comparten puerto en un esquema de doble uso que forma parte del día a día.

La realidad lo respalda. Buques de la Armada y de la OTAN repostan en instalaciones portuarias civiles. Las operaciones RSOM -embarque y desembarque de tropas y vehículos- se desarrollan en muelles comerciales. Cartagena no ensaya escenarios: los ejecuta.

Ante representantes europeos, Fuster defendió tres ideas claras. La primera: el valor estratégico de un puerto no depende de su tamaño. Las infraestructuras medianas con experiencia real en doble uso deben tener acceso en igualdad de condiciones a los instrumentos de financiación y planificación europeos.

La segunda: la Directiva sobre resiliencia de entidades críticas (CER) necesita una aplicación coordinada con la planificación de defensa y con las autoridades regionales como parte activa de la gobernanza. Seguridad y territorio no pueden caminar por separado.

Y la tercera: la ampliación de Barlomar, un proyecto de 822 millones de euros concebido desde su origen con enfoque dual, demuestra que la seguridad y la sostenibilidad no son conceptos incompatibles, sino complementarios.

La intervención situó a Cartagena como ejemplo práctico en el debate europeo sobre resiliencia, defensa y logística estratégica. Un puerto de tamaño medio, con casi 300 años de historia compartiendo actividad civil y militar, que reivindica su papel en la arquitectura de seguridad del continente.