El Gobierno municipal de Cartagena llevará al próximo Pleno la propuesta de ordenanzas fiscales para 2027, que contempla la congelación de todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales. La medida, aprobada por la Junta de Gobierno, afecta a seis impuestos, 21 tasas y 20 precios públicos y supone que el Ayuntamiento no aplicará tampoco la actualización vinculada al IPC, que la alcaldesa, Noelia Arroyo, sitúa en torno al 3,3%.
Arroyo ha explicado que la propuesta ha sido trabajada con el Grupo Municipal Vox, en el marco del acuerdo de gobernabilidad suscrito para la legislatura. La alcaldesa ha señalado que ambas formaciones mantienen "bastantes coincidencias" en materia fiscal y que el diálogo con Vox ha permitido garantizar la viabilidad de las ordenanzas antes de su llegada al Pleno.
"No subir impuestos es una decisión política. No se trata de dejar las cosas como están, ni mucho menos, sino de garantizar mayor bienestar a las empresas y a las familias del municipio de Cartagena", ha defendido Arroyo.
La alcaldesa ha situado esta decisión dentro de una política fiscal mantenida durante los últimos años, basada en no trasladar a los tributos municipales el incremento acumulado de la inflación.
Según los cálculos ofrecidos por el Gobierno municipal, desde 2020 la inflación habría aumentado alrededor de un 26%, un incremento que, según Arroyo, no se ha trasladado a los impuestos y tasas municipales. El Ejecutivo local cifra en más de 40 millones de euros el ahorro acumulado para familias y empresas derivado de estas decisiones.
Como ejemplos, Arroyo ha señalado que aplicar la inflación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) habría supuesto, según sus cálculos, unos 18 millones de euros adicionales de recaudación. En el caso del impuesto sobre vehículos, el incremento habría supuesto otros 3 millones de euros, mientras que la actualización de otras figuras tributarias habría añadido alrededor de 2 millones.
La alcaldesa también ha destacado el mantenimiento, por quinto año consecutivo, de la tasa cero para la apertura de nuevos negocios. Según el Ayuntamiento, esta medida supondrá un ahorro de alrededor de medio millón de euros para pequeños y medianos empresarios.
A ello se suma, ha señalado Arroyo, la gratuidad de las escuelas infantiles municipales para los niños de 0 a 3 años, una medida que, según sus estimaciones, representa un ahorro cercano al millón de euros para las familias.
La deuda municipal baja por debajo de los 60 millones
Junto a la congelación fiscal, la alcaldesa ha destacado la evolución de la deuda municipal. Según los datos facilitados por el Gobierno local, la deuda de Cartagena ha bajado por debajo de los 60 millones de euros, algo que, según Arroyo, no ocurría desde hace aproximadamente 25 años.
El Ejecutivo municipal cifra en un 40% la reducción de la deuda desde 2019, cuando comenzó el actual periodo de gobierno de coalición. Arroyo mantiene además el objetivo de que la deuda municipal quede reducida a la mitad al término de la legislatura, a finales de 2027.
La alcaldesa ha señalado asimismo que la deuda total, incluyendo la bancaria y la comercial, se sitúa actualmente en torno a 264 euros por habitante, aproximadamente la mitad de la existente en 2019, según los datos manejados por el Ayuntamiento.
Arroyo ha utilizado estas cifras para establecer una comparación con la evolución de la deuda de la Administración General del Estado y defender que Cartagena ha podido combinar la contención fiscal con la reducción de su endeudamiento.
Más de 91 millones en inversiones movilizadas
El Gobierno municipal también ha defendido que la política de congelación fiscal no ha impedido mantener el esfuerzo inversor.
Arroyo ha recordado que los programas de inversión en marcha alcanzaban un importe superior a los 66,7 millones de euros, de los que 15,4 millones figuraban en el presupuesto consolidado. A esta cantidad se sumaban inversiones ya finalizadas por 21,7 millones de euros.
De este modo, el Ejecutivo municipal sitúa en 91,5 millones de euros el volumen total de inversiones movilizadas.
La alcaldesa ha defendido así que la política fiscal aplicada durante estos años ha permitido, según el Gobierno municipal, mantener congelados impuestos y tasas, reducir la deuda y ejecutar inversiones.
La propuesta de ordenanzas fiscales para 2027 deberá ahora pasar por el Pleno municipal, donde se someterá a debate y votación.
