El debate económico en el Ayuntamiento de Cartagena acabó entre insultos, reproches personales y una advertencia de expulsión. El pleno de este jueves aprobó las ordenanzas fiscales para 2027 y la Cuenta General de 2025, pero la discusión sobre los impuestos, la deuda y los pagos municipales terminó desplazada por un enfrentamiento entre el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el concejal de Hacienda, Nacho Jáudenes.
Ambas propuestas salieron adelante con los votos del PP, Vox y los concejales no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez. María Dolores Ruiz se abstuvo en las dos votaciones. MC votó contra las ordenanzas y se abstuvo en la Cuenta General, mientras que el resto de representantes rechazó ambos asuntos, según la información municipal del pleno.
"Inútiles de tomo y lomo" y "sinvergüenzas" fueron algunas de las expresiones utilizadas por Giménez Gallo durante su intervención sobre las cuentas municipales. Arroyo le llamó dos veces al orden y le advirtió de que una tercera supondría que tuviera que abandonar la sesión. «Si lo que quiere es echarme, inténtelo», respondió el portavoz cartagenerista. Jáudenes cerró el intercambio con alusiones a la situación judicial del dirigente de MC y a las condenas de quien presentó como su mentor político.
Giménez Gallo abrió su intervención cuestionando la situación económica del Consistorio. «Hoy, efectivamente, se aprueba la contabilidad del Ayuntamiento. Una contabilidad que refleja que los números son malos», afirmó. El portavoz de MC recurrió a la comparación con el Titanic para describir la gestión municipal: «La señora Arroyo le ha dicho que es la capitana del barco, pero que ya se ha bajado. Le está diciendo a este señor que siga tocando la banda. […] El barco ya les digo yo que está hundido».
El dirigente cartagenerista sostuvo que la deuda financiera no había aumentado porque, según su versión, se habían dejado «las facturas en los cajones» y el ministerio no había autorizado un préstamo solicitado por el Ayuntamiento. También atribuyó al PP una deuda financiera de 150 millones de euros en etapas anteriores, que situó cerca de los 200 millones al añadir otras obligaciones.
De los números pasó a los ataques contra los responsables municipales. Giménez Gallo acusó al Gobierno de gastar dinero en actuaciones musicales mientras incumplía el acuerdo de condiciones de trabajo de los empleados públicos. También cuestionó la contratación de bandas con vínculos familiares con trabajadores del gabinete de Alcaldía, la dedicación de espacios a familiares y la existencia, según afirmó, de 25 asesores con cargo al presupuesto municipal.
«Podríamos hablar de cómo entró el señor Jáudenes al Ayuntamiento», añadió el portavoz de MC, que puso en cuestión su acceso a la condición de funcionario. A continuación, vinculó la trayectoria política de Arroyo con el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez y expresó su deseo de que los responsables del Gobierno acabaran «en la cárcel».
«Nos dedicamos a mentir, a engañar, a mentir y a engañar. Y a colocar a los nuestros. Esa es la política del PP», afirmó. Giménez Gallo reclamó «igualdad, mérito y capacidad» y que Cartagena no fuera «una delegación del Gobierno de Murcia para que estos señores hagan carrera fuera». Cerró su turno felicitando a los funcionarios que habían preparado las cuentas, cuyo trabajo, dijo, no debía quedar desmerecido porque fueran «unos sinvergüenzas los que llevan la gestión del Ayuntamiento».
Arroyo tomó entonces la palabra para enumerar las expresiones que acababa de escuchar. «Inútiles, sinvergüenzas. Ojalá que vayan a la cárcel», señaló, antes de pedir a Giménez Gallo «un poco de respeto y de educación». El portavoz de MC interrumpió su intervención y ambos encadenaron un intercambio de reproches.
La alcaldesa pidió a la secretaria que las palabras del dirigente cartagenerista constaran en acta y le llamó por primera vez al orden. «Usted está provocando permanentemente con sus insultos a la presidenta y al concejal del Gobierno. Le ruego, por favor, que no lo haga», afirmó. Giménez Gallo reclamó que aplicara el mismo criterio a Jáudenes, al que acusó de haber utilizado más palabras ofensivas que él.
«Usted no puede hacer en el pleno lo que hace en las redes sociales y en la calle. No se lo voy a permitir», respondió Arroyo. Ante las nuevas interrupciones, la alcaldesa le llamó por segunda vez al orden. «Siga, siga. Si lo que quiere es echarme, inténtelo», replicó el portavoz de MC.
Arroyo negó que pretendiera expulsarle, le exigió que dejara de interrumpir y le advirtió de las consecuencias de una tercera llamada al orden: «Ya sabe usted lo que tocará. Que se tendrá que ir». La alcaldesa calificó la situación de «francamente bochornosa» y acusó al dirigente de MC de aprovechar la presencia de público y la cercanía de la campaña electoral.
Jáudenes tampoco evitó el terreno personal cuando recibió la palabra. «Se le ha ido al señor Giménez», comenzó. El concejal de Hacienda le reprochó que hablara de corrupción y de mentores políticos y aseguró que estaba «imputado» por la falsificación de los estatutos de su partido. También aludió a las condenas penales de su mentor y a su comportamiento durante la discusión: «Usted se pone tan nervioso, se pone tan iracundo que hasta le tiembla la mandíbula».
El edil popular volvió después a las cuentas municipales para cuestionar las cifras utilizadas por la oposición sobre las ordenanzas. Según expuso, mientras una intervención cifraba el ahorro para los cartageneros en 120.000 euros, otros representantes sostenían que se les habían quitado 12 millones. «Pónganse de acuerdo ustedes, tampoco es tan difícil. Se pusieron de acuerdo para una moción de censura», afirmó.
Jáudenes defendió, además, que el periodo medio de pago del año pasado había sido de 14 días y lo comparó con los 39,69 días de abril de 2016, los 58,75 de septiembre de 2017 y los 60,39 de agosto de 2018, durante los anteriores gobiernos. Cerró su intervención asegurando que los cartageneros seguirían teniendo «una menor presión fiscal», «menos deuda y más oportunidades».
Pese al enfrentamiento, la sesión también dejó acuerdos unánimes. La corporación aprobó iniciar los expedientes para distinguir a Julio Mas García como Hijo Predilecto y a Pedro Antonio San Martín Moro como Hijo Adoptivo, ambos a título póstumo. También respaldó la denominación de Espacio Cultural Antonio Barceló Ballester para la casa que este donó al Ayuntamiento, situada en la calle Almirante Baldasano.
Las condiciones laborales de policías locales y bomberos, presentes también en los reproches de Giménez Gallo al Gobierno, volvieron al debate mediante dos mociones de Juan Pedro Torralba, de Sí Cartagena, y del portavoz de MC. Ambas fueron aprobadas por unanimidad y reclaman avanzar en las jornadas diferenciadas y en el reconocimiento de las condiciones específicas de estos servicios.
El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, situó estas cuestiones en la negociación del acuerdo de condiciones de trabajo de los funcionarios municipales. Según explicó, la Mesa General de Negociación convocada para el 8 de octubre prevé establecer un calendario para ultimar los complementos salariales por jornadas diferenciadas.
La unanimidad se extendió a una iniciativa de MC para impulsar los cultivos tradicionales, especialmente el granado, y a otra del PSOE para resolver las inundaciones del Camino del Sifón a su paso por Molino Derribao. Esta última incorporó una enmienda del Gobierno para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Segura la restauración del cauce natural de la rambla de Miranda.
El pleno también aprobó una moción de Vox sobre los recursos de acogida de inmigrantes, con el rechazo de María Dolores Ruiz, PSOE y Sí Cartagena. La iniciativa reclama comprobaciones municipales e información sobre las instalaciones de Punta Brava y reitera la petición de cierre del CETI del antiguo Hospital Naval.
Fuente de los acuerdos incorporados: información municipal del pleno del 1 de octubre.
