CARTAGENA. La Ciudad de la Justicia de Cartagena podría no estar terminada antes de 2035. Esa es la previsión que ha trasladado la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras recibir una comunicación en la que, según explica, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes plantea ampliar de seis a unos nueve años el plazo para concluir las obras. El proyecto sigue pendiente de la aceptación estatal de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento junto al Hospital Santa Lucía.
La propuesta figura, según la información difundida por el PP, en un oficio firmado el pasado 3 de noviembre por la Subdirección General de Obras y Patrimonio. El documento contempla una fase previa de análisis urbanístico y técnico, la tramitación de nuevos instrumentos urbanísticos y distintos procedimientos de contratación antes de iniciar la construcción. También vuelve a hacer referencia a la situación ambiental de la parcela.
El plazo descrito por Arroyo supone unos tres años más respecto a los seis que se manejaban hasta ahora. La alcaldesa sostiene que, incluso si el Ministerio aceptara de inmediato la cesión, la infraestructura no estaría disponible antes de 2035. «Aunque aceptara la cesión mañana, Cartagena no tendría su Ciudad de la Justicia antes de 2035», ha afirmado.
Una de las discrepancias se centra en los estudios del suelo. Arroyo defiende que el Ayuntamiento ya ha entregado la documentación necesaria y remite a un análisis de la Universidad Politécnica de Cartagena. Según la alcaldesa, el Ministerio volvió a solicitar información sobre esta cuestión el pasado marzo y el Consistorio respondió en seis días con los informes técnicos que, sostiene, descartan la contaminación de los terrenos.
La discusión sobre estos requisitos llega seis años después de la visita que realizaron los técnicos de Justicia a la parcela en noviembre de 2020. De acuerdo con la versión municipal, entonces consideraron idóneo el emplazamiento. Desde aquel momento, el Ayuntamiento ha tramitado el proyecto de urbanización y los estudios de tráfico y accesos, que ha modificado para atender las peticiones del Ministerio.
Entre esos cambios figura la eliminación del acceso directo desde la CT-33 para concentrar la entrada a través de la glorieta existente. El Consistorio aprobó una primera cesión de la finca en 2023 y, tras la petición de dividirla, llevó a cabo la segregación y volvió a aprobar en 2024 la cesión de una parcela de 35.311 metros cuadrados.
Según la información trasladada por el PP, el Ministerio de Transportes informó favorablemente los accesos el pasado junio. Tras ese pronunciamiento, Arroyo remitió una carta al ministro Félix Bolaños para reclamar la aceptación de los terrenos, una dotación presupuestaria y un calendario para el proyecto.
La alcaldesa ha cuestionado la necesidad de nuevos análisis y ha acusado al Gobierno central de prolongar la tramitación. «Hemos hecho el proyecto de urbanización, hemos calculado y recalculado los accesos porque el Ministerio lo pidió y hemos ofrecido dos veces el solar porque el Ministerio pidió dividirlo», ha señalado. La aceptación de la cesión y los trámites previos a la construcción siguen marcando el desarrollo de una infraestructura para la que Arroyo reclama ahora que se concreten los plazos.
