La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha defendido el proyecto de transformación de Monte Sacro -un aparcamiento provisional- frente a las críticas de la oposición y de algunos vecinos, asegurando que las obras actualmente en marcha no suponen renunciar al desarrollo residencial, sino que constituyen el paso previo para hacerlo posible mediante la atracción de inversión privada.
Arroyo ha destacado que se trata de la primera actuación impulsada por el Ayuntamiento en este enclave en tres décadas, sobre una superficie de 16.000 metros cuadrados que, según ha recordado, permanecía degradada y utilizada como un aparcamiento irregular.
La alcaldesa ha explicado que el objetivo de esta primera fase es preparar urbanística y físicamente el ámbito para facilitar el futuro desarrollo residencial. Las obras incluyen la mejora de accesos y viales, la instalación de alumbrado, el acondicionamiento de espacios públicos y la colocación de mobiliario urbano, además de habilitar usos provisionales compatibles con la urbanización definitiva.
"No estamos renunciando a las viviendas; al contrario, estamos creando las condiciones para que puedan construirse", ha defendido Arroyo, quien ha insistido en que el proyecto pretende ofrecer seguridad jurídica y urbanística a los futuros promotores.
En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento ya ha mantenido contactos con empresas interesadas en desarrollar el ámbito y ha avanzado que, una vez concluya esta primera intervención, la siguiente fase consistirá en licitar la bolsa de suelo para la construcción de viviendas.
La alcaldesa también ha recordado que el entorno comienza a experimentar una recuperación con inversiones privadas como la prevista en el edificio de la Muralla de Tierra, una circunstancia que, a su juicio, demuestra que el casco histórico vuelve a despertar interés inversor y refuerza las posibilidades de éxito del proyecto de Monte Sacro.
Arroyo ha reiterado que la actuación se desarrollará por fases, con el propósito de recuperar un espacio que llevaba décadas sin intervenir, atraer nuevos residentes al casco histórico y favorecer la llegada de inversión privada una vez finalicen las obras de urbanización que, según sostiene el Gobierno municipal, permitirán hacer viable el desarrollo residencial previsto.
