El Ayuntamiento de Cartagena ha abierto el plazo de información pública y alegaciones a la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana, tras su aprobación inicial. Los ciudadanos disponen de 30 días para presentar reclamaciones y sugerencias antes de su aprobación definitiva.

El edicto, publicado conforme a la legislación vigente, establece que, en caso de no registrarse alegaciones, el texto quedará aprobado automáticamente sin necesidad de nuevos trámites.

La norma, impulsada por el Gobierno municipal que dirige la alcaldesa Noelia Arroyo, busca proteger el espacio público y mejorar la convivencia, con medidas específicas frente a conductas como los grafitis, el vandalismo, la mendicidad agresiva o la prostitución en la vía pública.

El texto prevé sanciones de hasta 3.000 euros en los casos más graves, además de mecanismos para reparar los daños causados y recuperar el uso común de calles, plazas y parques.

La ordenanza establece un sistema de sanciones progresivo según la gravedad de la infracción, al tiempo que refuerza la capacidad del Ayuntamiento para actuar de forma directa:

• Retirada de materiales y decomiso de objetos
• Limpieza inmediata en casos de grafitis o cartelería ilegal
• Ejecución subsidiaria de reparaciones con coste al infractor

El objetivo, según el Ejecutivo local, no es recaudatorio, sino garantizar que los espacios públicos “sean respetados por todos”.

El texto incorpora la mediación como herramienta para resolver conflictos, especialmente en el caso de menores, con la participación de familias y personal especializado.

En situaciones de vulnerabilidad, como la mendicidad no agresiva o las acampadas, se priorizará la intervención social frente a la sanción. No obstante, sí se actuará en casos de comportamientos insistentes o intimidatorios, especialmente si afectan a menores.

Otras medidas y próximos pasos

La ordenanza también regula aspectos como el absentismo escolar, la protección del mobiliario urbano y la prohibición de actividades como la oferta de servicios sexuales en la vía pública, excluyendo de sanción a víctimas de explotación.

Además, incluye campañas educativas, programas de concienciación y medidas para fomentar la convivencia.

Con la apertura del plazo de alegaciones, el texto entra ahora en fase de participación ciudadana antes de su aprobación definitiva.