MADRID (EP). La Comisión Europea se ha hecho eco este miércoles en su informe sobre el Estado de derecho en España de la preocupación en la judicatura por los ataques en declaraciones de políticos, incluido desde el Gobierno, contra el poder judicial y ha avisado del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza fundamental de la sociedad en los jueces y sus sentencias. También ha pedido más avances para reforzar la independencia y autonomía del Fiscal General.

"Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, la confianza del público en el poder judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad", señala el documento de casi 40 páginas que este año ha dedicado Bruselas a la salud democrática en España.

El "daño" a esta confianza, añade el documento, es "particularmente relevante" cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en general en las instituciones constitucionales.

El texto se refiere a la "preocupación" que le ha sido trasladada al Ejecutivo comunitario desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asociaciones de jueces y otros grupos de interés de que "este tipo de declaraciones hechas por políticos socaven cada vez más la confianza pública en el poder judicial", por ejemplo cuando desde la política "criticaban tanto decisiones judiciales individuales como al poder judicial en su conjunto".

El informe sobre España concluye con una serie de recomendaciones a España en la que Bruselas ha evitado referirse a la ley de amnistía porque su análisis sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario sigue en marcha. Sí reproduce Bruselas parte de las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre la norma en la que se apunta la controversia y divisiones que creó, así como la urgencia con la que se tramitó.

El informe detalla así que la ley de amnistía ha sido objeto de "gran controversia" en España tanto "por las circunstancias políticas imperantes durante su proceso de aprobación" como "por su contenido, lo que desató las manifestaciones y declaraciones públicas de diferentes partes interesadas y una "ingente correspondencia" a la Comisión Europea para trasladar esta situación. Estas reacciones, continúa el texto, llevó a Bruselas a pedir a las autoridades "aclaraciones" que aún está analizando.