El vicepresidente segundo del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Fernando Rubio, ha advertido este lunes de que la avería que afecta al canal del trasvase podría impedir que los agricultores reciban a tiempo parte de los aproximadamente 70 hectómetros cúbicos de agua para regadío que tienen pendientes de consumir antes del 31 de diciembre.
Durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura de la Asamblea Regional, Rubio ha expresado sus dudas sobre los plazos de reparación de la infraestructura y ha reclamado mayores inversiones en su mantenimiento. "El agua de abastecimiento sí que creo yo que va a llegar a tiempo para poder consumirse, pero el agua de regadío tengo mis dudas", ha manifestado.
El representante de los regantes ha cuestionado la duración de las obras de reparación y ha recordado que los usuarios pagan alrededor de 12 millones de euros anuales por el mantenimiento de esta infraestructura. "Echamos en falta que se invierta más dinero en el canal para que no tengamos el problema que tenemos ahora", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que la incidencia se haya producido precisamente en un año con importantes reservas de agua disponibles.
Rubio también ha alertado de las consecuencias de las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura, que, según sus estimaciones, reducirían considerablemente los recursos disponibles para la agricultura del sureste español. En concreto, ha explicado que, en el nivel 3, los envíos pasarían de los actuales 20 hectómetros cúbicos a nueve, de los que 7,5 estarían reservados para abastecimiento. "Para regadío prácticamente no quedaría nada", ha advertido.
En el nivel 2, ha añadido, los trasvases se reducirían de 27 a 18 hectómetros cúbicos, mientras que también se elevarían los umbrales de reservas en los embalses de cabecera necesarios para autorizar transferencias. "Estas reglas de explotación suponen prácticamente casi la defunción" del trasvase, ha asegurado, antes de insistir en que su entrada en vigor podría comprometer la continuidad de numerosas explotaciones agrícolas.
El vicepresidente segundo del SCRATS ha cuestionado igualmente el incremento de los caudales ecológicos del Tajo, al considerar que no existe suficiente justificación técnica para aplicarlo. "Nosotros pensamos que no, que las razones del aumento del caudal ecológico son más bien razones políticas que técnicas", ha manifestado. A su juicio, existen alternativas para mejorar las condiciones ambientales del río sin reducir los recursos destinados al sureste.
Reclama acelerar inversiones en desalación
En relación con la desalación, Rubio ha reclamado que se agilicen las inversiones comprometidas, especialmente las relacionadas con la ampliación de la desaladora de Torrevieja y su conexión con los canales del trasvase. Según ha explicado, esta última actuación continúa pendiente pese a que hace aproximadamente tres años se presentó un anteproyecto para ejecutarla.
"La desalación para nosotros es imprescindible, complementaria", ha señalado el representante de los regantes, quien ha insistido en que cualquier reducción de las aportaciones del Tajo debe ir precedida de recursos alternativos que permitan compensarla. "Cuando hay una sustitución de un aporte debe estar otro aporte preparado", ha defendido, advirtiendo de que las infraestructuras necesarias para generar nuevos recursos hídricos requieren años de ejecución.
Asimismo, ha alertado del elevado coste del agua desalada, que, según sus estimaciones, puede situarse entre 1,20 y 1,30 euros por metro cúbico, frente a los aproximadamente 40 céntimos que abonan actualmente los agricultores. También ha denunciado las dificultades administrativas para materializar cesiones de derechos de agua y ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica impidió en agosto una operación acordada entre regantes de Aranjuez y del sureste que contemplaba la transferencia de 30 hectómetros cúbicos.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Moreno ha defendido que las nuevas reglas de explotación del trasvase no deberían entrar en vigor hasta que se evalúen las consecuencias del incremento de los caudales ecológicos del Tajo. "La nueva regla de explotación del trasvase no se debería aplicar en tanto en cuanto no se evalúen las consecuencias que ha ocasionado el aumento de los caudales ecológicos", ha señalado.
Moreno ha asegurado que el PSOE mantiene su compromiso con el Tajo-Segura. "Lo defenderemos a capa y espada donde haga falta", ha afirmado, al tiempo que ha reprochado al presidente regional, Fernando López Miras, que no haya convocado la mesa del Pacto Regional del Agua desde su firma en 2018. Asimismo, ha recordado la aprobación de iniciativas parlamentarias para impulsar el seguimiento del cuarto ciclo de planificación hidrológica y ha reclamado recuperar el consenso político en materia de agua.
El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ha denunciado que el cuarto ciclo de planificación hidrológica plantea un escenario de reducción de las aportaciones al sureste español. Según ha explicado, mientras la planificación del Tajo contempla garantizar un caudal ecológico de 8,6 metros cúbicos por segundo, la del Segura plantea medidas para afrontar la disminución de los recursos disponibles para regadío.
Martínez Nieto ha calificado este planteamiento como una "política de tanatorio" y ha criticado que las alternativas propuestas se centren principalmente en la desalación y la reutilización, sin inversiones que considera suficientes para compensar los recortes. A su juicio, es necesario modificar la orientación de la planificación hidrológica para evitar consecuencias graves sobre la agricultura y la economía de Murcia, Alicante y Almería.
El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos, perteneciente a la coalición Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, ha rechazado que el incremento de los caudales ecológicos responda exclusivamente a una estrategia ideológica del Gobierno central. En este sentido, ha defendido que las resoluciones judiciales vinculan estas medidas al cumplimiento de la normativa europea y ha pedido abandonar los discursos que presentan el cierre del trasvase como inevitable.
"El trasvase no se va a cerrar", ha asegurado Álvarez-Castellanos, quien ha planteado la necesidad de analizar si el actual modelo de regadío está sobredimensionado respecto a los recursos hídricos disponibles. "La cuestión es plantearse si lo que hemos dimensionado con el trasvase Tajo-Segura es sostenible o no es sostenible", ha manifestado, abogando por un debate entre agricultores, organizaciones ecologistas, sindicatos y representantes políticos para buscar soluciones que permitan mantener la actividad agrícola.
Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Jesús Cano ha responsabilizado al Gobierno central de la falta de inversiones en el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas y ha exigido que se agilicen las obras de reparación del canal del Tajo-Segura. "Los agricultores no pueden esperar indefinidamente", ha advertido, al tiempo que ha denunciado que la avería se produce en un contexto de restricciones e incertidumbre sobre el futuro de los envíos.
Cano ha defendido la importancia económica del trasvase para el sureste y ha rechazado las críticas al dimensionamiento del regadío formuladas por Álvarez-Castellanos. Asimismo, ha reclamado "planificación, inversión y responsabilidad" para garantizar la continuidad de una infraestructura que considera estratégica para el empleo, las empresas y la actividad agrícola de la Región de Murcia.
