MURCIA. La enésima huelga de los conductores de los autobuses de Transportes de Murcia, los popularmente conocidos como 'los coloraos', ha hecho reaccionar al Ayuntamiento. Tras iniciarse la acampada ante los talleres de la compañía en San Ginés y la huelga indefinida, el Ayuntamiento de Murcia ha interpuesto un oficio contra la empresa UTE Transportes de Murcia, que presta el servicio de autobuses urbanos para sancionar a la compañía con 100.000 euros y revocar su contrato con la prohibición de no poder volver a concurrir a concursos municipales.
En el texto se recuerda que en la cláusula 18.2.1 del pliego de condiciones del contrato se establece como infracción muy grave dejar de prestar el servicio de transporte salvo caso de fuerza mayor o causa justificada, comunicada y conocida por la Administración con quince días de antelación, y autorizada por ella. Asimismo se indica que la concesionaria no ha aportado un plan de contingencia, es decir, no se ha prestado el servicio por carecer de personal suficiente ni de manera puntual ha sido sustituido.
Estamos ante una grave negligencia en la prestación del servicio por causas que no obedecen a fuerza mayor, ya que responde a una reducción de salario como consecuencia del inicio de la inaplicabilidad del convenio colectivo, y por tanto, dentro en la esfera laboral y contractual entre empresa y trabajadores", explica el informe.
"Esta conflictividad laboral trae causa desde el inicio de la prórroga del contrato, circunstancia que por tanto es conocida y que no puede calificarse como sobrevenida o de fuerza mayor, sin que hasta la fecha se haya resuelto. La empresa debería haber previsto con tiempo la falta de conductores, independientemente de las actuaciones que entre las partes correspondan, pero no debiendo trasladar el conflicto laboral a las relaciones administrativas pactadas y convenidas de conformidad con un pliego de condiciones", se indica en el informe.
La concejala de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, asegura que esas medidas se impulsan después de que los inspectores de los servicios municipales se hayan personado esta mañana en las instalaciones de la empresa, popularmente conocida como 'los coloraos', en la pedanía de San Ginés, donde están acampados los 98 trabajadores que tiene la plantilla.
El Ayuntamiento sí tiene pendiente el pago de 110.000 euros en concepto de "reequilibrio" por la prestación del servicio, según ha señalado la edil, una cifra muy alejada de lo planteado por la compañía. El contrato venció el pasado mes de octubre y desde entonces funciona prorrogado con las mismas condiciones establecidas en el pliego de contratación, tal y como avalan los servicios jurídicos, dado que se trata de un servicio esencial, ha indicado.
Actualmente se está trabajando en el pliego para la nueva licitación de ese contrato, pero esta no será algo inmediato, ha reconocido, por lo que el Consistorio confía en que este oficio haga a la empresa recapacitar y dar marcha atrás en el recorte salarial planteado.
Fructuoso ha recordado, en declaraciones a Efe, que la compañía ya fue expedientada el pasado mes de marzo con una sanción de 60.000 euros, y la actual, de 100.000, es el máximo que permite el contrato para incumplimientos graves, como el actual, ya que al estar los trabajadores en huelga no se está prestando el servicio.
La compañía pretende aplicar una rebaja de los salarios de toda la plantilla del 42% al considerar que el servicio es insostenible con la actual concesión municipal por la subida de los costes de los carburantes, mientras que el Consistorio considera que está al corriente de pagos y que la empresa debe seguir funcionando con las condiciones pactadas en el pliego de condiciones.
Los empleados ya plantearon una huelga en el mes de abril en la que se decretaron servicios mínimos del 100%, por lo que consideran que se vulneró su derecho a huelga y por eso han llegado a la situación actual, acordada y apoyada por todos los trabajadores, resalta el representante sindical.