Murcia acabará con la publicidad sexista y los anuncios de prostitución

MURCIA. Los carteles de la ciudad de Murcia pasarán a ser más inclusivos a partir del próximo enero. Así se desprende de la nueva ordenanza en la que está trabajando el Ayuntamiento para prohibir la publicidad sexista, aquella que atente contra la dignidad de las mujeres o aliente a la violencia de género. Además, esta normativa pretende eliminar la promoción del consumo de prostitución.

La ordenanza, que aún se está redactando, pretende arrojar luz sobre qué será considerado publicidad sexista, pues se trata de un tema abierto a varias interpretaciones sobre los posibles tonos de grises. En cualquier caso, será competencia de la Concejalía de Igualdad juzgar qué carteles pueden continuar expuestos y cuáles no.

Para entender mejor el tipo de anuncios que serán sancionados a partir del 2022 la concejala de Igualdad de Murcia, Teresa Franco, expone que será ilícita la publicidad que "atente contra la libertad de la persona o vulnere los valores y derechos que se reconocen en la Constitución". Esta definición incluiría:

• Presentar a las mujeres de forma discriminatoria o vejatoria
• Utilizar su cuerpo o partes de su cuerpo como objeto desvinculado del producto
• Asociar su imagen a comportamientos estereotipados que puedan generar violencia contra las mujeres

La prostitución también se verá afectada

Además de la publicidad sexista, la norma busca sancionar aquella que "visibilice que se puede consumir prostitución". Así pues, esto se debe a que la consejera de Igualdad no considera esta actividad un trabajo lícito porque "es cosificar a la mujer".

No obstante, remarca especialmente que en sus intenciones no tiene cabida criminalizar a este colectivo sino que su preocupación se centra en "perseguir la actitud de la persona que consume prostitución".

En cualquier caso, Franco se muestra prudente y reconoce que se trata de un tema con muchas complejidades, por lo que asegura que en lo referente a la actividad sexual remunerada va a consultar todas sus decisiones con "todas las partes implicadas. Toda ordenanza que afecte a este colectivo debe hallar el mayor consenso posible", puntualiza la edil.

El precio del delito

Por su parte, las multas por incumplir esta normativa pueden ascender desde los 750 euros como sanción inicial máxima hasta los 3.000 euros en caso de no retirar el cartel, pues pasaría a ser considerada una infracción muy grave. Además, en caso de retirar el Ayuntamiento el cartel, los costes correrían de parte de la empresa anunciadora.

Esta ordenanza, no obstante, aún requiere de varios meses de trabajo antes de ser presentada en Junta de Gobierno, pues a la confección de su redacción final habría que añadir los contactos con el resto de grupos municipales y organizaciones sociales involucradas.

De esta forma, queda frustrada la ilusión de la concejala Franco de aprobar la norma en tiempo récord: "Me entusiasmé con que la ordenanza saliera lo antes posible y afirmé en Junta de Gobierno que estaría antes de un mes". Sin embargo, después de valorar los trámites necesarios asegura que no la tendrán en vigor hasta principios de 2022.

 El escollo naranja

Otro de los puntos calientes de esta normativa nace de los posibles choques que puede generar entre el PSOE y su socio de gobierno, Ciudadanos, que destaca por ser el único partido que apoya abiertamente la legalización del trabajo sexual.

A este respecto, Franco se muestra confiada en su "capacidad negociadora" aunque admite que no sabe lo que se va a encontrar porque aún no ha comenzado a discutir el tema con los distintos grupos municipales. "Yo estoy segura de que lo voy a sacar adelante", concluye.