El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras. Foto: CARMMURCIA. Menos de una semana después y cumpliendo el plazo establecido, el Gobierno regional ha mandado las alegaciones a las nuevas condiciones del Trasvase Tajo-Segura. López Miras exige al Consejo de Estado que informe de manera desfavorable sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos (especialmente el de la demarcación hidrográfica del Tajo), por contener "defectos" de forma en su tramitación y ser "incompatible" con la ejecución del Plan Hidrológico del Segura.
Así queda recogido en el documento de alegaciones presentado al Alto Cuerpo Consultivo, dentro del proceso de audiencia concedido a la Comunidad. Tras agradecer la "buena disposición" del Consejo de Estado, López Miras ha explicado que "hemos enviado un documento con base jurídica, técnica y científica, que pone de manifiesto la invalidez de la planificación hidrológica del Gobierno central", como informan fuentes del Gobierno regional.
En cuanto a los argumentos concretos para alegar defectos de forma en la tramitación e incompatibilidad con la ejecución del Plan Hidrológico del Segura, el máximo responsable autonómico ha detallado que "en primer lugar, denunciamos la intención de modificar mediante Real Decreto aspectos incluidos en una ley, la Ley de Aguas, algo que no es posible, ya que la ley es una norma de carácter superior".
A ello, ha criticado, "se suma una circunstancia insólita, y es que el documento que va a valorar el Consejo de Estado no es el mismo que el debatido y aprobado por el Consejo Nacional del Agua".
"Dicho de otra forma: han cambiado el texto para que el recorte del 50% del trasvase no esté ligado en ningún caso a la evolución ecológica del Tajo, tal y como intentaron vendernos en un principio, y ahora ese recorte se produce porque sí, de forma automática. Porque lo dice el Gobierno y punto", ha añadido López Miras.
Para el jefe del Ejecutivo regional, el Gobierno central ha realizado ese cambio "con total opacidad", y pretende aprobar los Planes del Tajo y Segura "sin que haya coordinación, aplicando un recorte no contemplado previamente y sin medidas que lo compensen". Además, ha agregado, se han producido "numerosas deficiencias en la tramitación y falta de transparencia", así como "inseguridad jurídica".
Mientras, un paro agrario de los regantes de la Región, Alicante, y Almería el próximo miércoles, que afectaría a 70.000 trabajadores, facilitará la asistencia de los regantes a la protesta de ese día frente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en Madrid con la que se pretende expresar el malestar por el cambio de criterio del Gobierno central con el Travase Tajo-Segura.
El presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, ha hecho un llamamiento a los alcaldes de las tres provincias a que "alienten a sus poblaciones" para que acudan a la manifestación, puesto que también se van a ver perjudicados por el aumento de los caudales ecológicos del río Tajo a su paso por Aranjuez .
Jiménez ha alertado de que ese incremento va a provocar "8.000 despidos en las tres regiones afectadas" y numerosos daños medioambientales y socioeconómicos, como "la perdida de 27.000 hectáreas del cultivo más eficiente y sostenible de Europa",
La variación del documento que va a valorar el Consejo de Estado se produce, en concreto, en la Disposición Adicional Novena, que suprime toda la condicionalidad establecida en la versión entregada al Consejo Nacional del Agua. Por tanto, la entrada en vigor de los distintos escalones previstos en el Plan Hidrológico sería ahora automática, sin vinculación alguna con los resultados de seguimiento del estado ecológico que se contemplaban en la versión anterior.
El Gobierno regional tampoco considera "lógico" que el Miteco no haya aportado una memoria jurídica, ni económica, ni hidrológica a la hora de establecer los caudales ecológicos del Tajo, que afectan además al Plan Hidrológico del Segura. Así, la Comunidad considera que se hace "caso omiso" del condicionante y límite legal que las leyes del Trasvase Tajo-Segura imponen al Plan Hidrológico del Tajo y al Gobierno central.
A ello se suma la ausencia de la obligada coordinación de los Planes Hidrológicos del Tajo y del Segura, ignorando las consecuencias que tendrán las decisiones de uno sobre los balances hídricos, asignaciones, reservas, déficits y estado ecológico de las aguas, y viceversa. Las alegaciones recogen también la "errónea vinculación" que el texto hace de la garantía de un buen estado ecológico con los regímenes de caudales propuestos por el Ministerio, aportando los criterios técnicos y jurídicos que lo evidencian.
Otra "grave deficiencia" que la Comunidad percibe en el proceso a causa de la falta de coordinación es la inconsistencia de las previsiones de la planificación hidrológica del Segura, que ha sido cerrada sin una valoración cierta de las disponibilidades reales con las que podrá contarse en esa demarcación.
Por ello, la aprobación de la planificación del Tajo conllevaría necesariamente "una significativa reducción de las disponibilidades trasvasables al río Segura, que no se contemplan en la planificación del propio Segura, y que sería aprobada simultáneamente, sin contemplar medidas compensatorias".
