La diputada del grupo Vox, Mábel Campuzano, charla con el número dos del PP nacional, Teodoro García Egea. Foto: LA ROCAMURCIA (EFE). Una vez desactivada la moción de censura, toca arreglar cuentas. El PP negocia incluir a diputados expulsados de Vox en el Gobierno regional, por ejemplo en la Consejería de Educación, como parte del acuerdo que ha permitido tumbar este jueves la moción de censura presentada por Cs y PSOE, que también han rechazado tres representantes tránsfugas naranjas.
La opción de ceder esa Consejería se plantea en un borrador del pacto con los tres diputados expulsados de Vox (Juan José Liarte, Mábel Campuzano y Francisco José Carrera) y el presidente regional, Fernando López Miras (PP), que seguirá en el poder al decaer la moción en su contra. Las negociaciones implican hacer un hueco a los expulsados de Vox y aún son incipientes, por lo que no se espera un acuerdo inminente.
Sobre la mesa no figura únicamente la posibilidad de que los expulsados por Vox entren a formar parte del Ejecutivo, también se dialoga la aprobación de los Presupuestos de 2021 y la reforma de la ley del presidente, para que López Miras pueda repetir como candidato en 2023.
El PP explica que la negociación para incluirles en el Gobierno se hace con diputados "libres" que rompieron con Vox y que ayer dijeron que se incorporan al grupo de López Miras para constituir una mayoría estable. "Con cuatro diputados defraudados con Ciudadanos y con tres defraudados con Vox, todos vuelven a casa y López Miras tiene mayoría absoluta y estabilidad para aprobar presupuestos el resto de la legislatura", apuntan desde el partido de Pablo Casado.
También destacan que los diputados expulsados por Vox han denunciado al líder de la formación, Santiago Abascal, por malversación y a su partido por prácticas irregulares". "Han roto con Vox y aceptan la reunificación. Ahora hay que buscarles hueco", señalan fuentes de la dirección nacional del PP.
El borrador se ha conocido tras decaer la moción de censura y el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, ha mostrado su interés por la cartera de Educación pero también por la Industria, que acaba de ocupar la diputada de Cs Valle Miguélez. "Todas las consejerías están en buenas manos, pero queremos estar cerca y poder controlar", ha dicho Liarte en la rueda de prensa posterior al debate de la moción.
Para la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, este posible acuerdo muestra que "el PP sigue comprando en la región lo que haga falta para mantenerse en el poder". "Ya sabemos lo que le ha costado al PP los votos de esos diputados" tránsfugas "de Vox contra la moción de censura: la Consejería de Educación, nada más y nada menos", ha denunciado Martínez Vidal un comunicado.
Y ha cargado contra el líder del PP, Pablo Casado, por acudir a Murcia a "dar su visto bueno a esta indecente compra de voluntades", al tiempo que ha recordado que el presidente del PP "destripó a Vox en la moción de censura fallida nacional diciendo que no eran como la extrema derecha".
Desde Podemos, su coordinador autonómico, el diputado nacional Javier Sánchez Serna, ha mostrado su "honda preocupación e indignación” ante el “espectáculo antidemocrático y corrupto” protagonizado durante la última semana por López Miras, que ahora ha “vendido” la Consejería de Educación a la ultraderecha “a cambio de su apoyo para salvar la moción de censura” después de “comprarse a la vista de todo el mundo a cuatro diputados de Ciudadanos”.
El PP y los grandes poderes de la región “no tienen límites” y que “están dispuestos a todo con tal de seguir poder parasitando las instituciones” tras comprarse “cuatro tránsfugas de Ciudadanos y tres de Vox y convertir la Asamblea Regional en un bazar y el Gobierno autonómico, en una oficina de colocación y compraventa de voluntades”, ha añadido.
En un comunicado, indica sin especificarlas que el PP ha vendido las consejerías desde las que se gestionarán asuntos tan importantes como las ayudas europeas o la reactivación económica y "entregado la educación pública y la cultura a la ultraderecha”.
También plantea una consulta sobre la inmigración ilegal
