Foto: Steve Buissinne/PixabayMADRID (EP). Los hogares cuyo sustentador tiene más de 65 años son beneficiarios netos de la intervención pública (es decir, pagan menos impuestos que las prestaciones que reciben), fundamentalmente, porque no pagan cotizaciones sociales y reciben pensiones públicas y un volumen elevado de gasto sanitario, según apunta la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Por el contrario, los hogares cuyo sustentador principal tiene menos de 65 años son contribuyentes netos (es decir, pagan más impuestos que las prestaciones que reciben), sin que existan diferencias importantes en los saldos medios correspondientes a los diversos grupos de hogares por debajo de esa edad.
El trabajo publicado este lunes por Fedea examina las diferencias en el saldo distributivo de la intervención pública (prestaciones recibidas menos impuestos pagados) que existen entre los hogares residentes en España según la edad de su sustentador principal.
Por tramos de renta bruta, el informe apunta a que el saldo de la intervención pública es más favorable para los hogares inactivos en todos los tramos de renta, aunque la ventaja disminuye cuando se incrementa la renta bruta.
Solo los hogares de mayores de 65 años ubicados en el 1% con mayor renta bruta son contribuyentes netos a la hacienda pública, mientras que, en el otro extremo de edad, los hogares con sustentador menor de 40 años solo son beneficiarios netos si se ubican en el primer quintil (20%) de renta bruta.
Adicionalmente, el trabajo examina cómo afectan los impuestos y las prestaciones públicas a lo largo de su ciclo vital a los siguientes cuatro tipos específicos de hogares, representativos del conjunto de hogares residentes en España, para un sistema fiscal y de prestaciones constante: parejas con un único perceptor de rentas, parejas con dos perceptores, hogares monoparentales y hogares unipersonales.
En coherencia con los resultados anteriores, el estudio indica que los hogares en los que todos los perceptores de renta se han jubilado son beneficiarios netos de la intervención pública y también lo son las parejas con un único perceptor de renta y los hogares monoparentales, en ambos casos, con hijos dependientes (menores de edad o con edad entre 18 y 25 años que sean económicamente inactivos).
Aunque es un problema no tratado en este trabajo, Fedea explica que la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la longevidad en España están afectando ya a los ingresos (en especial, IRPF, cotizaciones sociales e IVA) y los gastos públicos (sobre todo, sanidad, dependencia, pensiones), reduciendo los primeros y aumentando los segundos.
Así, desde la Fundación advierten que este desequilibrio es muy probable que suponga un agravamiento de la situación de déficit estructural que ya padece el país, por lo que instan a introducir medidas de consolidación fiscal, por la vía de los ingresos o los gastos.
Asimismo, Fedea avisa del impacto distributivo intergeneracional que estos cambios demográficos van a tener, muy previsiblemente, en las políticas de gasto de carácter contributivo, como es el caso de las pensiones de jubilación y supervivencia, donde el sistema de reparto hace que la financiación y el cobro de las prestaciones tenga lugar en momentos distanciados del ciclo vital.
