CARTAGENA. La batalla no es de hoy ni de hace un año, ni tan siquiera de los últimos diez: los vecinos de la zona periurbana de Cartagena llevan cerca de dos decenios reclamando la limpieza de los terrenos urbanos contaminados en la zona que abarca El Hondón, Zincsa y Peñarroya. La presencia de metales pesados: fosfoyesos, cadmio, arsénico y plomo fruto de la actividad industrial desarrollada durante muchos años en estos espacios no ha desaparecido a pesar de las palabras y las promesas de las diferentes administraciones.
"La salud no se vende, se defiende, y si el Ayuntamiento no nos defiende, no vale para nada", decía Fulgencio Sánchez, representante de la Plataforma de Afectados por Metales Pesados y presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación durante la sesión plenaria extraordinaria en la que se debatía una moción reclamando la declaración de la emergencia climática y medioambiental de Cartagena y la exigencia de responsabilidades a las administraciones y a las empresas para que planifiquen y acometan su descontaminación.
Exigen una pronta descontaminación y la responsabilidad de propietarios y administraciones en el cumplimiento de esta necesidad y denunciaban la falta de vallado de las zonas afectadas, la delimitación y protección de las balsas de fosfoyesos o unas partidas presupuestarias de las diferentes administraciones para proceder a la descontaminación. También reclaman estudios epidemiológicos por las enfermedades "que provocan las contaminación de estos suelos. En Cartagena muere más gente por cáncer que por coronavirus", añadía Sánchez en su comparecencia en la sesión.
Pedro Gálvez, quien acudía en representación del presidente de la Asociación de Vecinos de Torreciega, Teodosio Romero, añadía que desde hace diez años los suelos de Zincsa "se han trasladado al barrio: cadmio, plomo o arsénico, 'auténticas joyas de metales pesados' se encuentran en nuestras calles, puertas o ventanas" y aclaraba que el propietario de los terrenos Tomás Olivo, "está obligado a vallar" y lo debe hacer "de forma rigurosa y pronto, porque siguen presente en nuestro barrio y, por tanto, en la salud de nuestra gente".
Mientras se debatía este asunto, se conocía a través del diario La Verdad que Cartagena Parque, propietaria de los terrenos de Zincsa y de la que es dueño Tomás Olivo, ha encargado a la empresa Litoclean el análisis y la caracterización medioambiental del subsuelo de estos terrenos contaminados, así como de los residuos industriales que hay en superficie.
El pleno se celebraba a instancias de MC Cartagena y su portavoz, Pepe López, añadía en su intervención que los que contaminaron "no pagaron y se marcharon. En 30 años no hubo un plan ordenado del ecosistema ni de salud. El Ayuntamiento no estuvo a la altura" y subrayó que Cartagena es el sexto lugar "con mayor contaminación de residuos radioactivos". Por ello, solicitaba la declaración de emergencia medioambiental a la vez que un plan plurianual de descontaminación que esté contemplado en las partidas presupuestarias de las diferentes administraciones, entre ellas también la del Ayuntamiento de Cartagena.
El edil ahondaba en la obligación regional de, con independencia del propietario, asumir su responsabilidad de descontaminación, al tiempo de recordar el compromiso de su formación con la materia, tanto en el Gobierno (Mesa de Calidad del Aire; la instalación de medidor de Bisfenol y estación de La Aljorra; el estudio de riesgos y caracterización de suelos de El Hondón; la cátedra de Medio Ambiente con la UPCT o la creación de la Mesa de la Reforestación), como en su labor en la oposición, siempre en coordinación con los colectivos vecinales implicados.
Tras ello, el portavoz adjunto, Jesús Giménez Gallo reclamaba a los representantes públicos "seriedad" para mostrar a los vecinos la verdad de la situación, sustentada en los hechos conocidos. "A quienes dirigen el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y el Estado les da igual Cartagena y, por supuesto, la salud de los cartageneros. Si los presupuestos son la declaración anual de intenciones ya sabemos que el actual Gobierno local no tiene ninguna intención de atender esta demanda".
Pilar Marcos, concejala de Unidas Podemos IU Equo, insistía en que fundamental es cumplir con el principio de "quien contamina, paga". Insistía en que es de justicia "obligar a los propietarios privados a descontaminar, porque el pueblo de Cartagena no tiene que pagar ni un solo euro por esos terrenos envenenados, dado que ya ha pagado suficiente con su propia salud".
Por su parte la edil de Medio Ambiente, Cristina Mora explicaba que los tres terrenos han sido declarados ya como suelos contaminados y se ha identificado a los responsables de su descontaminación, "que han iniciado los procedimientos que ejecutarán en distintas fases”.
Mora ha añadido que "la Autoridad Portuaria ya ha anunciado en junio una inversión de 1 millón de euros en la limpieza del suelo, mientras que Zincsa ha informado esta misma semana que ya ha contratado a una empresa para iniciar el procedimiento de descontaminación".
Por otro lado la Comunidad Autónoma ya ha contestado a las apelaciones de la empresa responsable de la descontaminación de El Hondón, Ercros, y le ha instado a que presente el proyecto, lo que ha llevado al Gobierno a no apoyar la iniciativa puesto que las soluciones se encuentran en marcha, según la concejal.
Por último, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, informaba que la Fiscalía ha confirmado que el vallado y señalización de la parcela de El Hondón, que el Ayuntamiento obligó a llevar a cabo a la empresa Ercros, antigua propietaria "ha sido el adecuado y garantiza la seguridad de las personas".
La iniciativa era finalmente rechazada por los concejales del Gobierno municipal y Vox; y el apoyo de Mc Cartagena y de Unidas Podemos Izquierda Unida Equo.