CARTAGENA. Un grupo de trabajadores de la APC se manifestó en la puerta de la sede ubicada en la Plaza Héroes de Cavite para manifestar lo que denuncian como conflictividad laboral que ha supuesto situaciones "injustificadas", "vulneración de lo derechos de los trabajadores", pérdida de poder adquisitivo y división entre los trabajadores "algo que nunca, en los últimos 40 años, habíamos visto", explicaba la presidenta del Comité de Empresa, Isabel Rosique.
La representante de los trabajadores relataba que se está llevando a cabo una "política de privatización" de servicios generales que antes eran de gestión directa por parte de los trabajadores de la APC. "Están intentando externalizar los servicios con empresas de fuera" y añadía que éstas van a hacer "el mismo trabajo que llevan a cabo los trabajadores de la APC. Se paga a esa empresa externa y a los de la APC. Por el mismo trabajo se paga dos o tres veces".
Esta privatización, denuncian desde el comité de empresa, afecta a departamentos como informática, delineación, mantenimiento de vehículos, electricidad y mantenimiento de edificios y a cerca de 20 personas. En delineación los trabajos "los están haciendo desde una empresa externa y nuestras compañeras están sin hacer nada" explica Rosique, quien añade que pretenden contratar a una empresa "para llevar los coches a la ITV y luego que los vuelva a traer. Es un trabajo que hacen nuestros trabajadores", dice Rosique.
Diego Zaplana, delegado de CC.OO y representante también del Comité de Empresa apostilla por su parte, que "curiosamente" la empresa que contratan, "descubrimos que está la hermana del alcalde de San Javier o gente próxima a Antonio Sevilla".
Pero además de los derechos laborales y colectivos "que se merman", hay una gestión genérica que les resulta muy llamativa "y tenemos obligación de que se sepa y se intente evitar, porque no tiene ninguna justificación". Con lo que cuesta el servicio de informática "que se pretende traer, se pueden contratar hasta nueve técnicos". "¿Por qué dejas tu departamento sin gente y contratas una empresa para que haga lo mismo y te cueste el doble?", se pregunta la presidenta del Comité de Empresa. "No son cuestiones que estén justificada ni razonables".
Explican que hay muchas de las actuaciones "irregulares", que han sido denunciadas y "o bien están en juicio o investigándolas la Fiscalía", añade Zaplana. Por otro lado, denuncian que se "ha saltado el orden de la bolsa de trabajo de la Policía Portuaria. De un grupo de cinco la primera que estaba es hija de un miembro del Comité de Empresa. Han contratado a los cuatro posteriores para consolidar los puestos y a ella se la saltaron, creemos que porque es hija de un miembro del comité de empresa", añade Rosique.
Por otro lado, "hemos perdido el reparto de 40.000 euros de productividad. Se nos ha suprimido el plus de vestuario que estábamos cobrando desde hace muchos años y sin justificación alguna. El importe de la cesta de navidad también se ha reducido sin justificación alguna. Es un derecho que tienen los trabajadores".
Explican durante su comparecencia ante los medios de comunicación que la APC ha sancionado a un técnico "que detectó conflicto de intereses en una auditoría de pliegos de licitaciones y que se negó a firmar un informe técnico de una licitación que favorecía a una empresa que no presentaba la mejor oferta".
Recuerdan que la APC tiene unas diligencias previas por parte de la Fiscalía Anticorrupción que se llevan a cabo en Cartagena. "Ha ido mucho personal de la Autoridad a declarar y a nosotros, la presidencia no nos ha informado de porqué es esta situación. Estamos solos en esta cuestión e incluso se ha indicado a algunos que no vayan a declarar. Están provocando división entre los trabajadores que aquí nunca se había vivido. En los últimos 40 años nunca lo habíamos visto".
Por su parte, la presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, aclaraba respecto a las protestas de los trabajadores del Puerto que "se han garantizado los derechos económicos y sociales" y recordaba que cuando llegó a la presidencia se encontró con un problema de "temporalidad importante, que con la nueva reforma laboral se acrecentaba ese problema". El presidente de Puertos del Estado incorporaba una tasa de reposición "del 120%, que nos cubre toda la temporalidad y garantiza la estabilidad", por lo que se sentía "muy contenta y feliz" en toda la gestión que "se está realizando".
"El resto de peticiones subjetivas o concretas las desconozco", añadía Muñoz, "trabajamos en generar puestos de trabajo y productividad económica", y apostillaba que con la aprobación de proyectos valorados en 20 millones de euros "estamos creando 400 puestos de trabajo, nada más o nada menos. Eso es lo importante y algunos pueden no haberlo entendido o quizá no nos hemos explicado bien".
