Los graduados sociales de Cartagena creen que las trabas para tener un Colegio propio son "meramente económicas"

CARTAGENA. La Asociación de Graduados Sociales de Cartagena y Comarca no ceja en su empeño de contar de una vez por todas de un Colegio de Graduados propio, independiente del regional y que defienda de forma más efectiva a sus colegiados. Hace diez años se acordó que en el plazo de un año se aprobara un proyecto de Ley para la creación del colegio -se hizo por unanimidad- pero desde entonces el Gobierno regional no la ha presentado, por lo que recientemente, el PSOE  ha dado cumplimiento al mandato de la asamblea de 2011.

Después de varios lustros de lucha la proposición de ley para modificar la legislación en torno a la creación de colegios profesionales en la Región de Murcia fue admitida por la Mesa de la Asamblea Regional el 16 de noviembre.  

"Queremos que el proyecto de ley se debata y así se pueda aprobar en el Pleno de la Asamblea Regional", explicaba José Moreno, presidente de la Asociación de Graduados Sociales de Cartagena y Comarca, que conseguía el respaldo unánime de los integrantes del Manifiesto por la Ciudad de la Justicia (abogados, procuradores, Asociación de Vecinos, Cámara de Comercio y Coec). Rocío Madrid, Vicesecretaria del Colegio de Procuradores de Cartagena, Mar Florenciano, Vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Cartagena, Antonio Navarro, decano colegio abogados, además de la presidenta de la Coec, Ana Correa y Miguel Martínez, presidente de la Cámara de Comercio arroparon a los graduados sociales.

Moreno explicó que el único interés que él considera que existe es que "pagamos unas cuotas al Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia que si se dejarían de recaudar si tenemos un Colegio propio", y estimaba que cerca del 20% de los colegiados procedería de Cartagena. "A 50 euros mensuales por 200 colegiados", por lo que añadía que es "un motivo meramente económico".

"En Cartagena necesitamos un colegio fuerte, que defienda nuestros intereses de Cartagena", y añade que es importante tener una entidad que apoye y mire por los proyectos e infraestructuras jurídicas, pero también de las empresas y trabajadores de Cartagena.

"Desde el Colegio de Abogados tenemos que expresar nuestro apoyo a esta demanda, porque tenerlo aquí en Cartagena serviría para defender los intereses propios de una Comarca, a la vez de ser el vehículo útil para que sus colegiados puedan estar perfectamente formados sin tener que desplazarse a ningún lugar", explicaba, por su parte, el Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Antonio Navarro Selfa.

"Debo reconocer y dar las gracias", indicaba por su parte la presidenta de Coec Ana Correa, por el "gran esfuerzo que están haciendo los Graduados Sociales del Campo de Cartagena, en defensa de los intereses de sus asociados, pero también de los empresarios, que necesitan asesores laborales y fiscales. El trabajo que ellos desempeñan es muy, muy importante, y por eso hoy estamos aquí".

"Contamos con el apoyo de las asociaciones de vecinos, los empresarios, abogados, procuradores, de los alcaldes de todos los municipios y de todos los partidos políticos ¿qué más hace falta y cuánto tiempo tenemos que esperar más para que el Colegio de Graduados Sociales sea una realidad?", se preguntaba Correa.

Coec ofrece un local para ubicar la Delegación de Inspección de Trabajo 

Por otro lado, se puso sobre la mesa otra vieja demanda: la creación de la Delegación de la Inspección de Trabajo en Cartagena. "Estamos todos muy de acuerdo de que es necesaria porque evitaría desplazamientos de empresas y trabajadores a Murcia", añadía José Moreno, y Ana Correa, presidenta de Coec, lo respaldaba añadiendo que "no vamos a estar en igualdad de condiciones con los empresarios de Murcia cuando la repercusión económica que supone ir desde Cartagena es mayor, tanto para los trabajadores como para el empresario".

Correa, además, ofrecía gratuitamente unas instalaciones de Coec, situadas en Plaza de España, para poder ubicar dicha delegación de Inspección de Trabajo. "El coste de implantación sería cero".