Foto: KIKE TABERNERVALENCIA. El nuevo sistema de cotización de los autónomos, con el que los trabajadores por cuenta ajena ya no elegirán su cuota sino que pagarán en función de sus rendimientos reales declarados, supone una "subvención indirecta" para estos profesionales en comparación con los asalariados porque, durante el periodo transitorio de implantación del nuevo régimen hasta 2030 cotizarán menos de lo que les correspondería sin que sus pensiones se vean reducidas por ello.
Esta es una de las principales conclusiones a la que llega el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en un documento de trabajo para valorar el nuevo modelo del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) asociado a la reforma de las pensiones en la que trabaja el Gobierno.
Los investigadores responsables del estudio destacan que, con la desaparición del tipo de cotización único actual y su sustitución por un sistema en el que la cuota se fijará en función de una serie de intervalos o escalones de ingresos, se generarán "importantes deficiencias" en la equidad del sistema, tanto entre los propios autónomos como en comparación con los trabajadores por cuenta ajena, especialmente en el mencionado periodo transitorio de despliegue del nuevo régimen entre 2023 y 2030.
Como las cuotas a pagar dependerán de los rendimientos fiscales, habrá tipos de cotización diferentes incluso dentro de un mismo escalón de ingresos, algo "poco razonable" a juicio de los expertos responsables del trabajo y que supone "una quiebra generalizada respecto al actual esquema de cotización del sistema de pensiones, produciendo una nueva inequidad".
El motivo, recuerdan, es que para el cálculo de la pensión de jubilación no se tiene en cuenta el tipo sino la base de cotización, lo que implica que un mayor tipo de cotización –mayor cuota a pagar– no da lugar a una mayor pensión en el futuro. Los expertos creen que este fenómeno será más patente en el caso de los autónomos con bajos ingresos por su mayor tipo de cotización, lo que hace más regresivo el sistema porque cotizarán más de lo que les correspondería sin recibir una mayor pensión.
"Hay algunas cuestiones que son difíciles de entender, como que durante el periodo transitorio entre 2023 y 2030 los tipos de cotización van a ser, en casi todos los casos, inferiores a los del Régimen General. Esto supone una subvención indirecta hacia el RETA, ya que van a cotizar menos de lo que les correspondería, pero sus pensiones no se van a ver minoradas por este motivo", concluye el informe.
A su juicio, la "única explicación" que cabe para entender estos tipos de cotización "tan bajos" durante el periodo transitorio es la voluntad del Gobierno de "no asustar" a los autónomos con subidas de cuotas muy elevadas de un día para otro, ya que la cuota de los los autónomos con ingresos mensuales de 1.300 euros en adelante subirá un 14,4% a partir de 2024 (cuadro 3).
Sin embargo, creen que ello no debería verse como una subida de impuestos sino como una base de cotización más elevada que también dará lugar a prestaciones más elevadas y no solo en jubilación, sino en todas las contingencias comunes, como viudedad, incapacidad, etcétera.
En este sentido, cabe recordar que, para defender el paso al nuevo sistema, que se enmarca dentro de la reforma de las pensiones a la que España se ha comprometido ante la Comisión Europea, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha recordado que el 84% de los autónomos cotiza por la base mínima, lo que está provocando que su pensión media de jubilación sea un 40% inferior a la del Régimen General y que el 60% de sus pensiones estén por debajo de los 800 euros mensuales, frente al 30% de asalariados en esta situación.
Los investigadores alertan de que las inequidades que generaría el nuevo sistema no son anecdóticas, pues de alguna manera suponen romper el estatus existente hasta ahora en cuanto a la unificación del tipo de cotización por regímenes. Es decir, que la modificación del régimen de autónomos, según esta propuesta, acabaría con el principio de contributividad según el cual la prestación reconocida a un trabajador debe ser proporcional a su contribución económica realizada al sistema.
De esa forma, puede darse que trabajadores con idénticas carreras laborales, excepto que uno ha cotizado por el régimen general y otro por el de autónomos, paguen cuotas diferentes pero reciban la misma pensión de jubilación, "lo cual supone un trato privilegiado para unos o para otros".
Para los expertos del Ivie, la solución "más sencilla y transparente" sería utilizar los rendimientos fiscales como base de cotización y seguir aplicando un tipo único para todos los autónomos y similar al del régimen general. En ese sentido, recuerdan que aumentar la base de cotización aumenta los ingresos a corto plazo pero también los gastos a medio plazo al generar mejores prestaciones, por lo que no es un elemento que colabore a la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El documento de trabajo ha sido elaborado por José Enrique Devesa (Universidad de Valencia e Ivie), Mar Devesa (Universidad de Valencia), Borja Encinas (Universidad de Extremadura), Inmaculada Domínguez (Universidad de Extremadura), Miguel Ángel García (Universidad Rey Juan Carlos) y Robert Meneu (Universidad de Valencia).
La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se sitúa en 1.449,9 euros mensuales
