Las personas físicas también sufren los concursos de acreedores: se disparan un 315% en la Región

MURCIA (EFE). Los concursos de acreedores de personas físicas no empresarios se dispararon un 315,6 % en el segundo trimestre del año en la Región de Murcia hasta alcanzar los 320 procedimientos, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El número de concursos presentados durante el segundo trimestre de este año experimentó un importante incremento interanual: los 371 concursos recibidos entre abril y junio pasados por los juzgados de lo mercantil en la Región de Murcia representan un 190% más que los registrados en estos órganos judiciales en el mismo periodo de 2022.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el aumento está provocado, fundamentalmente, por los presentados por familias sin actividad empresarial, de los que se registraron 320 (un 315,6 % más que el año anterior), frente a los 51 presentados de carácter mercantil, empresarios persona física o jurídica.

Estos son datos que arroja el informe trimestral 'Efectos de la crisis en los órganos judiciales del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial', que en la Región de Murcia pone de manifiesto una especial incidencia de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, no apreciado, sin embargo, en el conjunto nacional.

Así, salvo en los concursos de acreedores, se observa un descenso generalizado de registro de todos los asuntos de carácter civil y social, han indicado las fuentes.

Si se compara el número de concursos presentados por cada 100.000 habitantes en los distintos Tribunales Superiores de Justicia, la Región de Murcia es la cuarta comunidad con más concursos de familias, después de Cataluña, Canarias y Valencia.

Respecto al número de nuevos concursos declarados en el segundo trimestre de 2023 en los juzgados de lo Mercantil, la cifra ascendió a 222, lo que supone un aumento notable respecto a los 40 declarados el mismo periodo del año anterior.

Lo que se explica, en parte, por el fin de la moratoria concursal, el 30 de junio de 2022, prorrogada desde marzo de 2020. En este periodo el deudor concursado no estaba obligado a solicitar el concurso y, en caso de hacerlo, los órganos judiciales no debían admitir a trámite la solicitud.

Y que coincide, también, con los cambios en el proceso de ley de segunda oportunidad y exoneración del pasivo insatisfecho, tras la reforma de Ley Concursal en septiembre de 2022, ya que, desde su entrada en vigor, el deudor, persona física, que no pueda pagar sus deudas por encontrarse en situación de insolvencia puede solicitar directamente al juzgado de lo Mercantil que se cancelen sus deudas, siempre que cumpla unos requisitos y actúe de buena fe.

Por otra parte, de abril a junio de 2023, se alcanzó un convenio en 5 procedimientos concursales y se inició la fase de liquidación en 35. Y no se inició ningún expediente de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE) -dos se registraron en el mismo periodo un año antes-.

En cuanto al número de lanzamientos practicados por los juzgados de Instancia en la Región de Murcia durante el segundo trimestre de 2023, estos ascienden a 429, lo que supone una reducción del 21,4 % respecto al mismo trimestre de 2022, consolidándose así la tendencia a la baja que viene produciéndose desde el último trimestre de 2021.

De estos lanzamientos, 77 (el 44,3 % del total) fueron consecuencia de procedimientos por impago derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 76 (44,7 %) correspondieron a ejecuciones hipotecarias.

Poniendo en relación el número de lanzamientos en el país con la población existente, la Región de Murcia se sitúa como la segunda comunidad autónoma en la que se practican más lanzamientos por ejecución hipotecaría por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 4,9, sólo por detrás de Cataluña, que registró una tasa de 5,3.

Así, en el segundo trimestre del año, los juzgados de Instancia de la Región de Murcia registraron 195 ejecuciones hipotecarias, un 50,4 % menos que en el mismo periodo de 2022. Reducción que supera la del 17,3 %, registrado a nivel nacional.

A pesar de ello y atendiendo a las ejecuciones hipotecarias registradas en relación con la población, destacan Valencia, Castilla la Mancha, Cataluña y Murcia, con 12,6 por cada 100.000 habitantes, como las comunidades con un mayor número de demandas en el periodo de referencia.

Por otra parte, los procedimientos monitorios registrados en el segundo trimestre de 2023 en la comunidad autónoma, también en los juzgados de Instancia, fueron 6.589, lo que supone un descenso interanual del 12,7 %. Descenso regional que contrasta con el incremento del 36,7 % en el conjunto nacional de procedimientos registrados para reclamar deudas dinerarias líquidas.

En cuanto a las demandas de despido presentadas en la Región en el segundo trimestre de 2023, se registró un descenso interanual del 8 % (848), al igual que en el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los juzgados de lo social, 452 en total, que disminuyeron un 21,5 % respecto a las registradas en el mismo periodo.

Si se atiende al número de habitantes, la Región pasa de ser la segunda comunidad de España con mayor tasa de procedimientos registrados, en el primer trimestre a ocupar la octava posición.

Con respecto a las cláusulas abusivas, en el segundo trimestre de 2023 ingresaron en el juzgado especializado de la Región 364 acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantía inmobiliarias para personas físicas, lo que representa un 25,3 % menos que en igual trimestre de 2022. Y, de nuevo, contrasta con la subida registrada a nivel nacional.

En este periodo, se resolvieron 321, un 71,2 % menos, y quedaron en tramitación 2.324, un 14,1 % menos.

Por otra parte, se registraron 18 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas (para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social), un 50 % menos que un año antes. En este periodo se han resuelto 24 procedimientos de este tipo y 122 se siguen tramitando.