MURCIA (EUROPA PRESS). El déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 87.603 millones de euros hasta noviembre de 2020, lo que supone multiplicar por más de cuatro la cifra registrada un año antes como consecuencia del impacto de la pandemia, por lo que escala al 7,82% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda.
En el caso de la Región de Murcia, el déficit fue del 0,83% del PIB hasta noviembre, situándose en 242 millones de euros, frente al 1,34% registrado en 2019. Esto supone una reducción de 191 millones.
Este resultado, a falta de integrar los datos de las corporaciones locales, es consecuencia de un descenso de los ingresos del 5,4%, hasta los 385.949 millones de euros en los once primeros meses del año; mientras que, por el contrario, los gastos se elevaron un 10,7%, hasta los 473.552 millones de euros.
El déficit del Estado en los once primeros meses de 2020 se sitúa en 72.256 millones de euros, lo que equivale al 6,45% del PIB. Esta evolución, explica Hacienda, se debe al descenso de los ingresos de un 12,7%, hasta los 162.429 millones, aunque modera la caída respecto a meses anteriores; mientras que los gastos crecen un 19,2%, hasta los 234.685 millones, correspondiendo casi el 87% del incremento registrado a gastos relacionados con la emergencia sanitaria.
De hecho, los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas para garantizar los recursos suficientes en la lucha contra la pandemia, apunta el departamento de María Jesús Montero.
Las comunidades autónomas, por su parte, han registrado un superávit de 3.223 millones, lo que supone el 0,29% del PIB, frente al déficit del 0,25% del PIB registrado hace un año.
Esta evolución positiva, ya registrada en los meses previos, se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos económicos necesarios a las comunidades autónomas para atender los gastos derivados de la emergencia provocada por la Covid-19.
De esta forma, destaca el incremento del 14,5% que registran las transferencias recibidas de otras administraciones por los mayores recursos recibidos del Estado, y el aumento del 4,2% de los recursos impositivos, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 13,7% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación.
Por el contrario, los impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 22,6%, en línea con la caída registrada en el ITP y AJD y en la evolución económica.
Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 4,6%, los consumos intermedios crecen un 9,4%, debido al mayor gasto sanitario, "fuertemente condicionado por la pandemia", recuerda del Ministerio de Hacienda.
En este contexto, todas las comunidades autónomas, salvo Navarra y País Vasco, registran hasta noviembre de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia, el resto, es decir un total de 12 comunidades, logran situarse en superávit.
El impacto derivado de la Covid-19 en las administraciones regionales alcanza los 7.089 millones en gasto socio-sanitario hasta noviembre, según los datos aportadas por las propias comunidades.
Por último, los fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit del 1,65% del PIB, cifra en la que impactan "con fuerza" los efectos de la crisis sanitaria, económica y social ocasionados por la pandemia, especialmente sobre las prestaciones sociales.
Hasta noviembre, los recursos se han incrementado un 14,1%, especialmente por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros, que aumentan un 22,1%.
El gasto consolidado de los fondos de la Seguridad Social asociado a la Covid-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en 27.247 millones, lo que representa el 2,46% del PIB.
El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 5.111 millones, un 0,46% del PIB, cifra que recoge el impacto de la transferencia de 18.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio.
Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales aumentan en 1.727 millones, debido fundamentalmente a la revalorización para 2020 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y la consiguiente actualización de bases mínimas y del tope mínimo de cotización.
Por el lado de los gastos, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 142.907 millones, un 8,8% más que el año anterior, debido, fundamentalmente, a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por la Covid-19.
En cuanto al gasto en subvenciones del sistema, este asciende a 6.768 millones, de los cuales el 97% se debe a bonificaciones y exoneraciones de cuotas sociales.
Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal ha registrado un déficit de 13.245 millones hasta noviembre. Las cotizaciones sociales descienden un 0,9%, frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta alcanzar en noviembre los 33.392 millones.
Al igual que en los meses anteriores, la evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar.
El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de noviembre de más de 14.364 millones, de manera que los beneficiarios de estas prestaciones derivadas de la cobertura frente a la Covid-19 suponen el 54,8% del total de beneficiarios por prestaciones por desempleo.
Finalmente, las subvenciones del SEPE ascienden a 3.104 millones, un 41,5% más que el año anterior, por las exenciones y bonificaciones de cuotas relacionadas con las medidas para paliar los efectos de la Covid- 19 y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.
Por último, el Fogasa registra hasta noviembre un resultado negativo de 69 millones debido a la reducción de los ingresos en un 0,8% y un aumento de los gastos en un 50,8%.
