MURCIA (EP). El Gobierno regional eliminará durante los próximos tres meses todas las tasas autonómicas que afectan a la actividad de agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas, una exención que se podrá ampliar más allá de este periodo en caso de que el conflicto en Ucrania se prolongue. Esta eliminación tiene un impacto trimestral que asciende a 600.000 euros.
En cuanto a los ámbitos agrícola, pesquero y ganadero, la exención temporal se refiere a las tasas generales, a las aplicables en materia de medio ambiente y conservación de la naturaleza, a las de obras públicas, urbanismo, costas, puertos, carreteras y transportes, y a las tasas específicas de las tres ramas de actividad del sector primario.
Dentro del primer grupo se incluyen las tasas generales de la Administración, mientras que en el de las tasas de medio ambiente figuran las de actuaciones, licencias, permisos y autorizaciones en materia de actividades cinegéticas y piscícolas en aguas continentales y las de prestación de servicios y actividades facultativas en materia forestal.
En materia de obras públicas, la exención temporal alcanza a las tasas por actuaciones e informes en materia de urbanismo y a las tasas por servicios portuarios. En lo que se refiere al sector del transporte, la eliminación de las tasas afecta a las de prestación de servicios y actividades facultativas y aquellas sobre capacitación profesional en materia de transportes, así como las tasas por ordenación del transporte terrestre.
Por último, entre las específicas en materia de agricultura, ganadería y pesca figuran las tasas por la prestación de servicios veterinarios, las de gestión de servicios en materia de industrias agroalimentarias, las de laboratorio enológico, agrario y de medio ambiente y las tasas por actuaciones administrativas relativas a las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT).
El decreto ley aprobado incluye, además, la exención temporal del pago de los cánones por ocupación y aprovechamiento del dominio público portuario que afecten a las cofradías de pescadores y empresas del sector acuícola.
Asimismo, dentro de las medidas diseñadas para apoyar a los sectores más afectados por la crisis, y en este caso a los sectores agrícola y ganadero en particular, el nuevo decreto ley contiene una serie de bonificaciones fiscales que afectan a la transmisión de fincas rústicas.
Así, y con el objetivo de facilitar la compra-venta de terrenos y para mejorar las estructuras agrarias y hacerlas más competitivas, rentables y viables se ha aprobado una bonificación del 99% del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, siempre que el adquirente o arrendatario sea agricultor profesional y mantenga dicha actividad al menos durante los cinco años siguientes.
El decreto aprueba también la práctica eliminación, esta vez con carácter permanente, de los impuestos de Sucesiones y Donaciones. Así, se establece la bonificación al 99% para todas aquellas herencias o donaciones en las que el beneficiario sea un agricultor profesional. De media, se estima que la bonificación de estos tributos sobre Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones puede beneficiar a unos 250 agricultores cada año, con un ahorro anual de en torno a 500.000 euros.
