La Región comienza a trabajar en una nueva Ley de Universidades conforme a la nueva normativa

MURCIA (EFE). El Gobierno regional ha iniciado los trámites para elaborar la nueva Ley de Universidades de la Región de Murcia, y someterá a partir de mañana a consulta pública previa la confección del anteproyecto de la Ley durante 15 días, según ha adelantado este lunes el consejero del ramo, Juan María Vázquez.

La nueva ley regional es consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) por parte del Estado y, para el consejero, con la regulación autonómica "el Ejecutivo regional cumple con el compromiso adquirido para amortiguar en lo posible los efectos que conlleva la entrada en vigor de la normativa de ámbito nacional".

“La LOSU obliga a adaptar las normativas regionales, pero nosotros creemos que la mejor respuesta es confeccionar una ley nueva en la que, a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno central, sí se cuente con la opinión y participación de la universidades”, ha dicho Vázquez.

“En el ámbito autonómico, la Ley regional de Universidades data de 2005, de tal forma que en estos momentos necesitamos la redacción de un nuevo marco legal autonómico que dé respuesta a las necesidades y demandas de la comunidad universitaria en su conjunto”, dijo el consejero.

El primer paso será someter a consulta pública previa la confección del anteproyecto de la Ley durante 15 días, un plazo que comienza mañana martes, cuando se publique en el portal de transparencia de la Comunidad.

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas.

También, podrá recogerse la opinión de aquellas organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vean afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto, tales como los consejos sociales, asociaciones y consejos de estudiantes, rectorados, comités, juntas de Personal Docente Investigador, de Personal Técnico, Administración y Servicios, entre otras.

“Tenemos la responsabilidad de dar respuestas a los agentes que integran el sistema universitario regional. Queremos oír lo que tienen que decirnos, atender sus peticiones y consultas, para que la nueva Ley tenga sentido y participación de sus protagonistas, a diferencia de lo que hizo el Gobierno central, que se olvidó de éstas cuando elaboró la LOSU. Nosotros no vamos a actuar de espaldas a las universidades, sino todo lo contrario”, afirmó el titular de Universidades e Investigación.

“La evolución del sistema universitario de la Región, integrado por dos universidades públicas y una privada, viene marcada por el incremento cualitativo y cuantitativo de todos los fines que se le encomiendan a las universidades, tanto en lo que le compete a la formación, como de instrumento necesario de una sociedad en valores, donde deber primar un ámbito de convivencia, tolerancia y dialogo, como en su ámbito investigador que ha facilitado la competitividad y la internacionalización del sector productivo regional”, añadió Juan María Vázquez.

El titular de Universidades recordó “el compromiso del Gobierno regional para dar estabilidad económica a los presupuestos de las universidades públicas, que tienen que incrementar notablemente el gasto en los próximos años como consecuencia de la aplicación de alguno de los artículos de LOSU, que fueron aprobados en contra del criterio de las universidades y sin contar con las comunidades autónomas”.

El consejero se refirió al comunicado emitido el 5 de enero por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas sobre la entrada en vigor de la cotización a la Seguridad Social de las prácticas curriculares, en el que manifestaban su sorpresa por el “alto grado de improvisación y confusión” con el que esta medida se está implementado, un proceso en que las universidades no han sido consultadas ni informadas por los cauces normales.

“Los rectores ponían como ejemplo a los ministerios con competencias en Defensa, Justicia o, incluso, con el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por eludir su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones, tal y como establece la Disposición Quincuagésima Segunda de la LOSU”, concluyó Juan María Vázquez.