MURCIA. El primer paso para que salga adelante la Ley que reconozca la personalidad jurídica del Mar Menor ya se ha dado. Se trata de la recogida del medio millón de firmas que necesita la Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por el Ayuntamiento de Los Alcázares, para que el Congreso debata la posible concesión de esta figura a la laguna, que blindaría su protección.
Para la puesta en marcha de la recogida de firmas, ya han llegado a Madrid 35 cajas con los pliegos para recoger las 500.000 firmas necesarias para la tramitación de la Proposición de Ley de Personalidad Jurídica al Mar Menor, como explica en su cuenta de Facebook el concejal de Cultura, Medio Ambiente, Bienestar Animal y Portavoz en Ayuntamiento de Los Alcázares, Antonio Luis López Campoy.
"En las próximas semanas la Junta Electoral Central nos devolverá los pliegos sellados y ahora, si, que si, daremos el pistoletazo de salida. Vamos a ser pioneros en dotar de derechos a la naturaleza, vamos a conseguir dotar de protección real nuestra laguna salada", destaca el edil.
En base al marco previsto en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, esta ILP pretende que el ecosistema lagunar se dote como sujeto de derechos, en base a su valor ecológico intrínseco, y que se garantice la necesaria solidaridad intergeneracional, protegiéndolo para las generaciones futuras, cumpliendo los compromisos internacionales adquiridos, como el Acuerdo de París de 2015 sobre Cambio Climático.
La personalidad jurídica está vinculada a que el Mar Menor es una "entidad que despierta un fuerte apego emocional" en la ciudadanía y que ha venido sufriendo la convergencia de diversos impactos, derivados de las presiones relacionadas con la intensificación de los usos agrarios, urbanos y turísticos, según explicaban desde el movimiento vecinal Por un Mar Menor Vivo.
Si sale adelante la iniciativa, el Mar Menor contará con tres figuras, derivadas de la personalidad jurídica: una Tutoría o representación legal, una Comisión de Seguimiento (que serían los guardianes del Mar Menor) y un Comité Científico, que asistirá a la Tutoría y a la Comisión.
Asimismo, cualquier persona física o jurídica estará legitimada a la defensa del ecosistema del Mar Menor, pudiendo hacer valer los derechos y las prohibiciones de la ley a través de una acción presentada ante el órgano judicial correspondiente.