CARTAGENA. El comité de empresa de Navantia denuncia lo que ellos consideran una "privatización encubierta" de la empresa pública y una subcontratación en los trabajos del casco resistente del S-80. Lo que se está intentando hacer, como ellos mismos valoran, con estas políticas está claro, "semi privatizar una empresa pública extrayendo la carga de trabajo y beneficiando a ciertas empresas privadas, eso sí, sin que repercuta en los trabajadores, y por otro lado acumular las pérdidas y aumentos de presupuesto y que paguen todos los españoles".
El comité de empresa ha tratado de arrojar luz de cómo ellos consideran que se gestiona "el dinero público en cuestión de Defensa".
Navantia en su delegación de Cartagena cuenta con una carga de trabajo en ejecución de 4 submarinos clase 80+ siendo una de las 9 potencias mundiales que tiene la capacidad de construcción de un sumergible y más en este caso, contando con una tecnología vanguardista denominada AIP y que a día de hoy es la más avanzada del mundo.
Por otro lado, y entendiendo ese liderazgo tecnológico se estableció en su día una serie de trabajos llamados 'CORE', que suponían la diferencia tecnológica y las capacidades que no se podían perder o que nos diferenciaban en el mercado.
Esta semana el comité de empresa fue conocedor de que "se ha subcontratado toda la soldadura y montaje del casco resistente de los tres últimos submarinos" que se están construyendo en Cartagena, la documentación del contrato tiene fecha de octubre del año pasado -añaden desde el Comité-, justo cuando se estaba discutiendo de los recursos que hacían falta incorporar como parte del plan de empleo de Navantia.
Ya a finales de año la postura de la dirección en este aspecto era que solo se necesitaban 5 vacantes de plantilla para el taller de fabricaciones 3 como soldadores y 2 armadores. "Los representantes de los trabajadores siempre hemos defendido la falta estructural y sistemática de mano de obra directa", en este caso "con más énfasis", puesto que la última unión de secciones que se realizó en diciembre, "que, recordamos, conllevaba el cobro para la empresa de un hito económico, se realizó contando con todo el personal disponible del departamento, senior y junior este último con menos experiencia que el resto". En esos momentos quedó claro que "los recursos necesarios para mantener esos trabajos 'CORE' no estaban presentes en la factoría".
Hace falta "incorporar personal de mano de obra directa ya en Cartagena, empleo este de calidad, empleo y trabajo que quede en la comarca y en la Región y no como propone esta dirección, riqueza que se vayan junto con empresas que no son de la comarca", dicen desde el comité de empresa
De ahí "nuestra amarga reclamación que venimos contando en todos los foros", hace falta "incorporar personal de mano de obra directa ya en Cartagena, empleo este de calidad, empleo y trabajo que quede en la comarca y en la Región y no como propone esta dirección, riqueza que se vayan junto con empresas que no son de la comarca".
Por otro lado, la dirección, el año pasado, ya sabía que esta situación se iba a dar, "y se ha ocultado deliberadamente a los trabajadores, actuando de manera sibilina y sumamente desleal con sus trabajadores".
De lo que este comité de empresa va conociendo de este contrato, también se desgrana que podría estar incurriendo "en una subrogación de personal encubierta, a todas luces ilegal, beneficiándose una empresa privada, además de fuera de la Región", de la inversión que la empresa pública ha hecho estos años, "sustrayendo trabajadores de empresas de empleo temporal que ya están homologados y formados por Navantia estos últimos años. Todo para no reconocer que esos trabajadores deberían de formar parte de la plantilla de Navantia", añaden los trabajadores.
Este hecho es la "gota que colma el vaso de la privatización encubierta que esta dirección está llevando a cabo durante estos años. La deficiencia del liderazgo de esta dirección nos está llevando a extremos que toda la ciudadanía debe de conocer".
Desde el comité de empresa "no podemos ni debemos de permitir que se siga ahondando en esta política de privatización, debemos de generar empleo de calidad y estable. Y tener los recursos suficientes para hacer frente a los retos futuros".
El Grupo Popular en el Congreso y Senado ya ha presentado las primeras iniciativas parlamentarias de apoyo a los trabajadores de Navantia, siguiendo las instrucciones que les dió el pasado martes en Madrid la alcaldesa, Noelia Arroyo. Así lo ha comunicado esta mañana el senador Francisco Bernabé al comité de empresa, con el que se ha reunido en la factoría de Navantia Cartagena, junto a las concejalas del Ayuntamiento, Esperanza Nieto y Cristina Mora, y la diputada regional María Dolores Valcárcel.
La delegación popular ha trasladado al Comité de Empresa la presentación en las Cortes de las primeras iniciativas parlamentarias, cumpliendo así el encargo de la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras su reunión con los portavoces de las comisiones de Industria y Defensa del Congreso, en la que pidió poner en marcha iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de España el cumplimiento de las demandas de los trabajadores de Navantia, que entre otras reivindicaciones, piden que la plantilla se amplíe para atender la demanda de trabajo del astillero y evitar nuevos retrasos en la construcción del programa de submarinos.
"Hemos comunicado al Comité de Empresa que ya están en marcha las primeras iniciativas en las Cortes en defensa del empleo en Navantia que acelere la construcción del programa de submarinos. El Gobierno de Sánchez debe poner los medios necesarios para que los trabajadores puedan realizar su trabajo con la calidad que asegure los plazos de entrega", ha dicho Bernabé.
El Partido Popular ha registrado ya en el Congreso y el Senado una primera batería de preguntas al Gobierno, además de pedir la comparecencia del presidente de Navantia para que dé las oportunas explicaciones. Igualmente, la delegación del PP se ha comprometido con el comité de empresa a impulsar una segunda batería de iniciativas, en modo de mociones en las Cortes, la Asamblea Regional y el Ayuntamiento de Cartagena, para recabar el máximo consenso político posible y solventar estas demandas que realizan los trabajadores.
