La intervención del dinero para el pago a proveedores: un mazazo de 100 millones para Celdrán

MURCIA. Cien millones de euros. Esta es la cantidad que asegura el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, que retendrá el Gobierno central a la Comunidad tras la comunicación mediante una carta que la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, hacía hace unos días informando de que retendrá las transferencias del Estado para hacer frente al pago a los proveedores, o lo que es lo mismo parte del dinero que Murcia recibe cada mes para los pagos, que ahora realizará directamente el ministerio de Hacienda. 

El Gobierno esgrime el retraso medio de 76 días en el pago a proveedores, cuando la norma establece un máximo de 30 y que tuvo lugar durante dos meses seguidos. La Región acumula una deuda comercial que supera los 200 millones de euros y alcanzó hasta 80 días de plazo medio de pago en septiembre y octubre.

Celdrán aseguraba esta mañana en su comparecencia para presentar el nuevo  nuevo Contrato Programa de Comunicación Audiovisual entre la Administración regional y el ente público RTRM que la medida pretende "generar incertidumbre" y se hace para intentar desestabilizar a la Región, "algo que no se va a conseguir". Celdrán lamentaba que se tome esa medida coincidiendo con el trámite de los presupuestos regionales a partir de unos retrasos que se produjeron en los meses de agosto y septiembre y que ya eran conocidos por el Ejecutivo central.

Los proveedores más afectados por estos retrasos en los pagos, ha dicho, son las multinacionales farmacéuticas, ya que generan un importante gasto en las arcas regionales, pero ha descartado que se vayan "a romper contratos a consecuencia de esos impagos dado que la mayoría de los proveedores es son conocedores de la situación financiera de la comunidad autónoma y saben de antemano los plazos medios de pago, que superan generalmente los 30 días".

Murcia, al igual que otras comunidades -como Andalucía y Valencia-, cerró 2018 incumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria. Aquel ejercicio acabó con un desvío del 1,3%, dos décimas menos que en 2017, pero el triple del objetivo marcado para ese año. El desvío alcanzó los 401 millones, frente a los 454 millones que dejó el año anterior. Y en octubre de 2019, la Comunidad cuadruplicaba el límite exigido, tras registrar un desvío del 1,29, frente al 0,3% exigido para todo el año. Además, la Comunidad acumula una elevada deuda, cercana a los 10.000 millones de euros, según el último dato del Banco de España.