MURCIA. Ya es oficial. La Comunidad intentará impedir en el Tribunal Supremo el recorte del Trasvase Tajo-Segura. Dos meses después de que el Consejo de Ministros aprobara los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, y tal como ya anunció el presidente murciano ante lo que consideraba el mayor ataque contra la historia de la Región, el Ejecutivo regional ha dado luz verde este jueves a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Alto Tribunal contra el decreto 35/2026 24 de enero. El recurso se redactará en los próximos días.
Cabe recordar que el pasado mes de enero el Gobierno de España ratificaba el documento hidrológico que establece un caudal ecológico en la cabecera del río Tajo, a su paso por Aranjuez (Madrid). Este caudal ascenderá de seis a siete metros cúbicos por segundo desde 2023, así como subirá a ocho desde 2026 y se elevará a 8,65 en 2027. Estas previsiones implican que la cuenca del Segura sufra una merma de los envíos de agua de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos durante los próximos cinco años (desde este propio 2023 hasta 2027).
La Comunidad entiende que el acuerdo del Consejo de Ministros "contiene deficiencias": "No está basado en criterios científicos ni técnicos, sino ideológicos", expuso el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, quien añadió: "Fue impuesto de manera unilateral modificando el acuerdo previo alcanzado en el Consejo del Agua. Y es incompatible con los planes hidrológicos del Tajo y del Segura". La Comunidad ha trabajado con expertos y peritos tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación de Alicante para diseñar el recurso.
Ortuño, que compareció en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, tachó el recorte de los envíos de agua de "golpe sin precedentes" contra los intereses económicos, sociales y medioambientales de la Región. Subrayó que el agua es un recurso estratégico vital y señaló que el "hachazo es una bomba que afecta a todos" porque las consecuencias "se sentirán en cada casa, en cada familia y en cada empresa".
La Comunidad Valenciana también ha hecho lo propio y este miércoles formalizaba su propio recurso. Sin embargo, el Gobierno murciano no comparte los argumentos de Valencia porque considera que "asume una parte del recorte" al pedir la suspensión cautelar del escalonamiento de los caudales ecológicos previstos para 2026 y 2027 en el Tajo y que afectan al Trasvase. Para Ortuño, el recurso judicial presentado por Ximo Puig es "un paripé": "Es un recursito para quedar bien, para no molestar a su presidente Pedro Sánchez ni al Gobierno", criticó al tiempo que adujo que "los propios regantes lo han calificado como decepcionante".
"No nos vamos a rendir", añadió Ortuño, quien lamentó tener que recurrir a los tribunales para "reclamar solidaridad" pero, apostilló, su obligación es "la defensa del Trasvase y de los intereses murcianos". Por eso utilizarán todas las herramientas "políticas, judiciales y administrativas" en su mano para frenar el recorte. "Acudiremos a donde haga falta. Seguiremos peleando por el agua", enfatizó.