La Comunidad reclama 212 millones en "daños y perjuicios" a la anterior concesionaria del aeropuerto

MURCIA. 212,4 millones de euros. Esa es la cantidad que la Comunidad Autónoma calcula que le ocasionaron los daños y perjuicios por "los incumplimientos" de la anterior concesionaria del aeropuerto, que no terminó las obras en la fecha prevista, 2012. El Gobierno regional ha anunciado que esa es la cuantía definitiva de la reclamación, lo que significa que se aumenta de los 180 millones reclamados inicialmente. La nueva cifra, ya actualizada, aparece recogida en el proyecto de liquidación del contrato que este martes ha sido notificado a la empresa.

Hay que recordar que la Comunidad tuvo que asumir el aval de 182 millones de euros porque la anterior concesionaria, encabezada por Sacyr junto con otras empresas, no cumplió con el contrato ya que, según aseguraba, no encontró financiación para terminar la terminal. El Gobierno regional finalmente rescindió el contrato en 2013 y buscó entonces una nueva concesionaria.

Un plazo de diez días para presentar alegaciones

El Ejecutivo autonómico explica que, a partir de este momento, la anterior concesionaria tiene un plazo de diez días para presentar alegaciones. Finalizado ese periodo, las alegaciones de la anterior concesionaria serán informadas en "el seno de la instrucción del expediente de liquidación y posteriormente, se elevará la propuesta de liquidación definitiva al órgano de contratación". 

La Comunidad señala que tiene como prioridad "la defensa de los intereses de la Región de Murcia y persigue que sea la anterior concesionaria quien asuma las consecuencias y los efectos de sus incumplimientos que provocaron que la infraestructura no pudiera abrir en 2012 como estaba previsto".

Desglose de los 212 millones

La cuantía económica, detallan, comprende los siguientes conceptos: las expropiaciones que le correspondía realizar a la anterior concesionaria (33 millones); los gastos financieros derivados de los préstamos suscritos por la Administración regional para pagar el aval (44,8 millones); el importe de las obras de accesos, acometidas de servicios y otras del entorno del aeropuerto, así como las correspondientes expropiaciones asumidas por la Administración regional (76,5 millones); el lucro cesante derivado de la no puesta en marcha del aeropuerto (54,2 millones); y, finalmente, otros gastos correspondientes a deficiencias y perjuicios en la propia infraestructura que la Administración regional se ha visto obligada a asumir como consecuencia de la resolución del contrato y toma de posesión del aeropuerto (3,9 millones).