MURCIA (Efe). El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, ha defendido este miércoles que es competencia de la comunidad evitar la llegada de nitratos procedentes de la agricultura al mar Menor y ha confirmado que en cinco meses completará el cierre de la red de regadío de las 8.500 hectáreas de cultivos ilegales detectados en el Campo de Cartagena.
En declaraciones previas a la Junta de Gobierno de la CHS, Urrea ha resumido el contenido de su declaración del pasado lunes, en calidad de testigo, ante el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, por la denuncia presentada por el Gobierno regional contra el organismo de cuenca, al que acusa de ser el responsable por inacción de la contaminación de la laguna y del último episodio de anoxia.
Urrea ha explicado que le facilitó al fiscal la documentación que acredita que la CHS tiene competencias sobre los vertidos puntuales a la rambla del Albujón o a otros cauces vertientes a la laguna debido a un funcionamiento inadecuado de una red de saneamiento, una depuradora o una granja de purines.
Sin embargo, ha aclarado que la comunidad es la administración competente para evitar la contaminación "difusa" a consecuencia del exceso del uso de fertilizantes en las prácticas agrícolas, añadiendo que así lo marca las legislaciones autonómica, nacional y europea, al tiempo que existe una carta de emplazamiento y un dictamen de la UE al respecto, en los que exige medidas reforzadas sobre este asunto.
"No podemos interrumpir el ciclo natural del agua, lo que hay que frenar no es la entrada del agua al Mar Menor desde el acuífero a través de la rambla, sino la entrada de nutrientes, que es competencia de la comunidad autónoma", ha declarado Urrea.
Además, ha revelado que informó al fiscal de que el Gobierno regional ha redactado dos proyectos de desnitrificación, uno mediante el uso de filtros verdes y charcas auxiliares y otro a través de la implantación de biorreactores, que han tenido que ser autorizados por la CHS al captar y revertir el agua desde el dominio público hidráulico.
Por ello, ha emplazado a la Dirección General del Mar Menor, denunciante en este caso y cuya titular, Miriam Pérez, también declaró el pasado lunes en calidad de testigo, a que acometa "cuanto antes" esas actuaciones para frenar la entrada de nutrientes, tanto con la interceptación al final del ciclo como en origen, frenando el uso excesivo de nitratos agrícolas.
El presidente de la CHS ha aclarado que la estación de bombeo de la rambla del Albujón es un instalación de riego que destina el agua captada del cauce para los regantes del Campo de Cartagena, y ha advertido de que su uso depende de que los agricultores quieran utilizarla.
Por otra parte, Urrea ha afirmado que el refuerzo de personal permitirá completar en cinco meses, como anunció la pasada semana la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, el corte del suministro de agua a las 8.500 hectáreas de regadío ilegal detectadas en el Campo de Cartagena.
El procedimiento, ha matizado el presidente del organismo de cuenca, se llevará a cabo mediante la tramitación y resolución de expedientes de ejecución subsidiaria, que no tienen "nada que ver" con los expedientes sancionadores, cuyo plazo estimado de conclusión varía entre los 12 y 18 meses, y que van en paralelo.
Así, ha explicado que la CHS va a generar un expediente "específico", que acarrea una investigación de campo, para poder realizar el sellado y precintado de la red ilegal de riego, aunque ha aclarado que "no es la primera vez" que, a la vuelta de dos o tres meses, el precinto se ha roto y se ha seguido con la actividad,
Urrea ha finalizado explicando que, desde un principio de proporcionalidad y de cautela y dada la "escasez" de medios de ambas administraciones, había que resolver "cuanto antes" los expedientes sancionadores para trasladar a la comunidad esta documentación y, en virtud de la Ley de Protección Integral del Mar Menor, el Gobierno regional realice la restitución de los terrenos a su estado previo.
