La Asamblea se pone del lado de los trabajadores del transporte sanitario

MURCIA (F. V. / EFE). Llevan tiempo saliendo a la calle para clamar por sus condiciones laborales y ahora reciben el apoyo de la clase política y el poder legislativo de la Región de Murcia. La Asamblea Regional ha acordado, por unanimidad, una declaración institucional propuesta por el Grupo Mixto (formado por Podemos e Izquierda Unida) para apoyar a los trabajadores del transporte sanitario. Precisamente este mismo miércoles un grupo de personas se manifestaba ante las puertas de la Cámara por este motivo.

El Parlamento autonómico, así, expresa su respaldo a las reivindicaciones de los profesionales, que exigen tanto la renovación del convenio colectivo de su sector laboral en la Región, sin actualizar desde hace un año, como "la progresiva equiparación de sus condiciones laborales a las de los técnicos en emergencias sanitarias del Servicio Murciano de Salud".

Así lo pedía en la tribuna de la Cámara la portavoz del Grupo Mixto y diputada morada, María Marín: "Con esta declaración queríamos que la Asamblea exigiera a la empresa concesionaria la negociación de un nuevo convenio colectivo y que se equiparasen las condiciones de trabajo de la plantilla a las de los técnicos sanitarios del propio Servicio Murciano de Salud".

La petición de Podemos ha logrado el respaldo unánime de todos los grupos, un requisito imprescindible para que salga adelante una declaración institucional. En palabras de Marín, los diputados "han entendido que la precariedad del servicio no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras, sino también a la seguridad y salud de todos los usuarios y usuarias, es decir a toda la ciudadanía de la Región de Murcia".

Cabe recordar que, tal y como se puso de manifiesto en las pasadas protestas, los empleados del transporte sanitario claman contra el bloqueo de las negociaciones con la empresa Orthem -concesionaria del servicio externalizado de transporte sanitario en ambulancias-, lamentan la situación "precaria" del sector, recuerdan que sus tablas salariales llevan un año caducados y exigen que sus condiciones laborales se equiparen a las de los trabajadores públicos.