Reunión de la Comunidad con los 45 alcaldes de la Región de Murcia, en una imagen de archivo. Foto: CARMEl decreto también contiene una exención de un año en el cobro de tasas gestionadas por la Comunidad para el sector de la hostelería
MURCIA. Los ayuntamientos de la Región de Murcia tendrán más margen para devolver las subvenciones pendientes desde el año 2012 que no vieron la luz por culpa de la anterior crisis económica. La Comunidad ha dado luz verde a un decreto que amplía hasta 2030 el plazo para devolver estos reintegros, cuya cantidad asciende a unos 90 millones de euros.
Estos proyectos, que fueron otorgados antes de 2012, no se ejecutaron por los efectos de la anterior recesión económica, una de las más duras de la historia. El plazo para pagar esas ayudas vencía este 31 de diciembre, por lo que el Gobierno regional ha decidido otorgar una ampliación, que es la segunda, ya que en 2016 también se acordó una primera prórroga.
Así, según explicó el consejero de Hacienda en rueda de prensa, el plazo se amplía en otros diez años, cuyos primeros tres años serán de "carencia" y los consistorios no tendrán que empezar a devolver esas cantidades. De manera excepcional, en el supuesto de que el reintegro sea igual o superior a 3 millones, el plazo se podrá ampliar hasta el 2035.
Y para aquellas corporaciones locales que apuesten por seguir adelante con los proyectos, y que todavía estén en plazo para realizar estas inversiones subvencionadas por la Comunidad antes de 2012, el decreto amplía en tres años el plazo para que puedan ejecutarlos, tal y como detalló Javier Celdrán.
El titular de Hacienda señaló que esta tregua para los ayuntamientos se toma "debido a la delicada situación económica que atraviesan los ayuntamientos como consecuencia de la gravedad de la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia".
El decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno, contiene además ayudas para los hosteleros, ya que se autoriza una exención de un año en el cobro de tasas gestionadas por la Comunidad por valor de casi un millón de euros para el sector de la hostelería y la restauración.
"Se establece una moratoria de un año en el pago de tasas regionales que afectan a este sector, como la de ordenación de actividades turísticas o las tasas por actuaciones administrativas de carácter sanitario, y cuyo impacto se estima en torno a un millón de euros", apuntó Celdrán.
