Luis Alberto Marín, en un consejo de política fiscal y financiera. Foto: CARMMURCIA. El Gobierno regional no sale de su asombro tras conocer que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con casi tres meses de demora, ha hecho público el documento de la Abogacía del Estado que respalda su tesis de que el rechazo por parte del Senado a la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno central supondrá un recorte en la capacidad de gasto de las comunidades autónomas en 2024.
Desde la Consejería murciana de Hacienda, que dirige Luis Alberto Marín, consideran que la actitud de la ministra es "una amenaza" y una "venganza" contra las comunidades por no sacar adelante la senda del déficit. Hay que recordar que esta semana la Cámara Alta, con mayoría del PP, volvió a tumbar por segunda vez la propuesta del déficit del Ejecutivo nacional, que contempla un 0,1% de déficit para las comunidades y no un 0,3% como solicitan autonomías como la murciana y la valenciana.
Tal y como ha contado Murcia Plaza, el informe que esgrimía la ministra para advertir de las consecuencias de tumbar el déficit no existía cuando Montero advirtió a las comunidades gobernadas por el PP con ese recorte si el Senado descartaba sus objetivos de déficit. Fue el pasado 11 de diciembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) cuando, por la mañana, la ministra Montero aseguró que contaba con un informe en tal sentido. No era así porque dicho informe, que la titular de Hacienda se negó a hacer público, está firmado por el abogado del Estado Raúl López Fernández ese día a las 20.50 de la noche, una hora de trabajo poco habitual para los abogados del Estado.
Durante estos casi tres meses Montero ha estado esgrimiendo el informe para advertir al PP de las consecuencias que tendría un segundo rechazo en el Senado como el consumado este miércoles. Pero se negó a entregarlo a pesar de las reiteradas peticiones de los grupos parlamentarios -no solo el PP- y de los medios de comunicación. Una falta de transparencia absurda que provocó que los populares llegaran a dudar de su existencia y a desconfiar de la advertencia de la ministra.
El PP pidió una negociación para ampliar el límite de déficit de las CCAA y que el Gobierno contemplara un "déficit asimétrico" en el que algunas autonomías como la valenciana y la murciana pudieran tener más margen, pero no hubo acuerdo. El PSOE culpa ahora al PP de haber perjudicado a las CCAA, la mayoría gobernadas por los populares, con su veto en el Senado, mientras el partido que lidera Núñez Feijóo considera que ha sido la "inflexibilidad" de Montero la que ha provocado esta situación.
El Gobierno calcula, según publicó la Agencia Efe, que la capacidad de gasto de las Comunidades Autónomas se verá reducida este año en unos 1.457 millones de euros debido a la aplicación del objetivo de estabilidad remitido a Bruselas -equilibrio presupuestario- en lugar del propuesto por el Gobierno -0,1% de déficit-. Sin embargo, serán unos 300 millones más porque ese cálculo está hecho con el supuesto de que todas las CCAA habían elaborado su presupuesto con un 0,1% de déficit.
Para Murcia, el rechazo a los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno central en el Senado "es algo lógico", porque aduce que ya "no se puede respaldar un nuevo desprecio a las comunidades autónomas". Desde la Comunidad, a preguntas de este diario, lamentan que Montero "se escuda en un informe de la Abogacía del Estado que permitiría la tramitación de los Presupuestos con una senda de déficit fijada en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas, que marca el déficit en el 0% para las comunidades, mientras que el Estado se reserva el 3% del déficit".
El informe de la Abogacía del Estado señala que si el Congreso o el Senado no aprueban el plan de reequilibrio y los objetivos de estabilidad presupuestaria presentados por el Gobierno, ello no exime al Ejecutivo de la obligación de presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y que al no haberse aprobado una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, "resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo de la UE".
Esto significa que, dado que el Gobierno envió el pasado mes de abril al Consejo de la UE -que le dio el visto bueno en julio- una propuesta de senda de convergencia que fijaba para las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario -0% de déficit- para 2024, este objetivo prevalece sobre el posteriormente propuesto, que era del 0,1% del PIB regional, lo que significaba más margen de gasto para las CCAA.
Desde la Región, la Consejería de Hacienda afea que la ministra tenía guardado el informe "en el cajón desde hace meses" y que ya conocía el día que reunió a todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el 11 de diciembre de 2023. A su juicio, es "un informe que ocultó de manera malintencionada a las comunidades" y que han conocido "hoy a través de la prensa".
Reprochan que el Gobierno de Sánchez "está cambiando las reglas a mitad de partido", lo que supondría un doble castigo para las comunidades autónomas como la Región de Murcia y Valencia, las peor financiadas. "Una vez más, estamos ante una falta total de cogobernanza y una imposición sin precedentes en este país", añaden fuentes de Hacienda.
Cabe recordar que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero Luis Alberto Marín solicitó a la ministra que, "mientras no se aprobase el necesario nuevo sistema de financiación autonómica", se fijaran unos objetivos de déficit variables, teniendo en cuenta el déficit de financiación de las comunidades autónomas. "Una petición que, una vez más, no ha recibido respuesta alguna", inciden.
Desde el PSOE regional lamentan que el PP haya votado en contra de los objetivos de déficit en el Senado y exige al Gobierno de López Miras que explique en qué va a recortar y cómo va a afectar a los servicios e inversiones previstas. "Al PP no le importa perjudicar a los ciudadanos y ciudadanas, con tal de seguir confrontando con el Gobierno de Sánchez y de favorecer la estrategia partidista de Feijóo", critica la portavoz del PSOE, Carmina Fernández, quien sostiene que la Región va a dejar de invertir 116,7 millones de euros para mejorar la sanidad, para educación, para comedores escolares, para becas o para el transporte, "por culpa del Partido Popular".
