El exalcalde de Lorca Fulgencio Gil en una foto de archivo. EFE/Marcial GuillénMURCIA (Efe). El exalcalde de Lorca Fulgencio Gil manifestó en el juzgado de instrucción de esta ciudad al declarar como investigado tras la denuncia presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos que los contratos suscritos para la feria y fiestas de septiembre de 2017 y 2018 estuvieron ajustados a la legalidad y permitieron ofrecer a los vecinos buenos espectáculos.
En su declaración en calidad de investigado, a la que ha tenido acceso Efe, Gil señaló que la adjudicación de los contratos hecha al empresario José Sevilla cumplió con la legalidad vigente en esos años y se hizo como ocurría en todas las entidades locales, e incluso en el Teatro Real de Madrid, añadió.
Para el exalcalde, esa forma de contratar resultaba más económica para el municipio, ya que el consistorio pagaba una pequeña cantidad, se garantizaba la presencia de destacados artistas y era el promotor o intermediario el que corría con los riesgos que se pudieran presentar.
"Los contratos se llevaron a cabo por interés público y para ofrecer un buen espectáculo a los ciudadanos", afirmó el exalcalde lorquino, quien también recalcó que la fiscalización llevada a cabo por los servicios correspondientes del ayuntamiento "fue rigurosa". También pasó por el juzgado el pasado viernes el promotor con el que fueron firmados los contratos, José Sevilla, quien declaró que los artistas que ofreció al consistorio trabajaban con exclusividad para sus empresas y que era este el que elegía a los que consideraba que eran los mejores.
También explicó que las administraciones carecen de la logística necesaria para organizar y gestionar espectáculos como los que él ofrece, por lo que les resulta más rentable acudir a promotores o intermediarios como él mismo. Finalmente, declaró el interventor municipal, José María Pérez, quien manifestó que los correspondientes a la feria de 2017 no pasaron por fiscalización al ser contratos menores.
En cuanto a los del año siguiente, indicó que se encontraba de vacaciones y los fiscalizó su sustituto, para concluir que había podido comprobar después que todos los expedientes cumplían los requisitos exigidos por la ley.
Estas actuaciones que se llevan a cabo en un juzgado de instrucción de Lorca traen causa de la denuncia presentada en diciembre de 2018 por el Grupo Municipal de Ciudadanos, que pidió que se investigara la actuación de los tres por los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos en los que habrían incurrido con la adjudicación de los citados contratos.
