Foto: GVAVALÈNCIA (EP). La Generalitat, los sindicatos y las fundaciones de investigación biomédica de la Comunitat Valenciana han firmado el convenio colectivo de este personal, que pretende estabilizar su situación laboral con un marco jurídico estable y homogéneo y "fidelizar" y atraer el talento.
Este acuerdo pretende mejorar las condiciones de los trabajadores de Fisabio, Isabial, Incliva y el Instituto de Investigación de La Fe. Entre las mejoras más destacadas figura la equiparación salarial con el personal estatutario, la reducción de jornada, la implementación de nuevos permisos por conciliación y la negociación de la carrera profesional y la antigüedad.
La firma del convenio se ha realizado en el Palau de la Generalitat en un acto con el 'president', Carlos Mazón; el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y representantes de las fundaciones y los sindicatos.
En su intervención, Mazón ha destacado que "esto acaba de empezar", ya que el convenio es la base para mejorar la situación de los investigadores, y se ha comprometido a poner "todos los recursos" a su alcance, "teniendo en cuenta que los presupuestos no son infinitos" y que la Comunitat Valenciana es la autonomía peor financiada.
Además, ha llamado a visibilizar la actividad investigadora, ya que ha lamentado que cualquiera sabría decir el nombre de varios futbolistas y no el de investigadores, y se ha mostrado "muy sensible" a sus reivindicaciones, tras ironizar con que es "la oveja negra" de su familia porque es el único que no optó por estudiar la rama de ciencias.
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una imagen de archivo. Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTSPor su parte, el conseller de Sanidad ha afirmado que el convenio era algo "anhelado y sorprendentemente demorado" que ayudará a posicionar a los investigadores valencianos "en los puestos más top" tanto de España como de Europa.
Es una medida que ha relacionado con el decreto-ley del Consell convalidado la semana pasada en Les Corts para equiparar las categorías profesionales de los investigadores a los del personal sanitario de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento de la Ley de Investigación Biomédica.
Entre los sindicatos, Llúcia Martínez (Intersindical) ha celebrado que los investigadores como ella verán dignificada su situación y podrán "seguir pensando en el bien común" con "sensación de tranquilidad y estabilidad".
Rosa Atiénzar (CCOO PV) ha resaltado que este convenio, que fue promovido por su sindicato, ayudará a un sector que afronta "una precariedad extrema". "Solo es el principio", ha subrayado, y ha pedido a la Generalitat un respaldo económico "sólido" equiparable al de otras autonomías referentes en investigación.
Y Eva Planas (UGT-PV) ha destacado que se cumple una "reivindicación histórica" y ha instado al Consell a comprometerse a mantener una inversión sostenida y a crear empleo público en el sector.
Imagen de archivo.Todos los intervinientes en puesto en valor el papel de la directora general de Investigación, Mariola Penadés, en la elaboración del convenio colectivo.
En concreto, el texto establece una regulación explícita de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los investigadores biomédicos. Normaliza la jornada laboral, los permisos, licencias, excedencias y el sistema retributivo con mejoras en todas las áreas.
También incluye el compromiso de negociar un modelo de reconocimiento e implantación de la antigüedad, carrera y desarrollo profesional, cuya implantación se establece en el decreto-ley, para todo el personal investigador en los tres primeros meses de su entrada en vigor.
Según las estimaciones de la Generalitat, este acuerdo posibilitará la contratación inminente de unos 200 investigadores y que las fundaciones e institutos de investigación aumenten su masa salarial entre un 11,5% y un 16,5%, invirtiendo 6,2 millones más al año en sueldos del personal.
El acuerdo, inicialmente aprobado en mayo de 2023, experimentó retrasos debido a las elecciones autonómicas del 28M y porque requería la aprobación de la Conselleria de Sanidad y la emisión de informes económicos, lo que postergó su envío a la Conselleria de Hacienda hasta el pasado noviembre. Este último departamento emitió dos informes desfavorables, que tuvieron que ser subsanados para poder avanzar hacia la firma definitiva.
