Fernández (CNMC): "Estoy tranquila con la suspensión de las sanciones a constructoras"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (EFE). La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, afirma en una entrevista con Efe que no está preocupada por la decisión de la Audiencia Nacional de suspender cautelarmente las sanciones impuestas por el regulador a varias constructoras, y que este hecho no supone la anulación de las multas.

Durante los casi dos años y medio trascurridos desde que asumió la presidencia de este órgano, Fernández ha afrontado varias batallas, como la intervención en el mercado energético o los expedientes sancionadores al cártel de la construcción que derivó en multas multimillonarias a Dragados-ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr, y que la Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente, un asunto sobre el que ha dicho estar "razonablemente tranquila".

En una entrevista con EFE, tras participar en las XIV Jornadas Anuales de Competencia que han reunido a la CNMC y a autoridades del país y autonómicas que se han celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, Cani Fernández hace un repaso de los retos que la CNMC tiene por delante en un día en el que la electricidad ha marcado su precio más bajo en 17 meses, 56 euros el megavatio hora (MWh).

-Usted se ha mostrado favorable a intervenir el mercado energético en circunstancias excepcionales. ¿Cree que están funcionando las medidas tomadas hasta ahora?

-Están funcionando, sí. Observamos una bajada en general de los precios de la energía. Los precios que están pagando los consumidores son en cualquier caso inferiores a los que habrían existido en ausencia de esas medidas, eso es un hecho. Incluso esos consumidores que están pagando el tope al gas habrían pagado una cuantía muy superior a lo que están pagando ahora. Pero no podemos olvidar que el diseño del mercado energético se hace a nivel europeo.

En los países del norte de Europa que hasta antes de la guerra estaban bien abastecidos con los gasoductos rusos y que ahora pasan penurias, con problemas incluso hasta de suministro, lo que se plantea es si ese mercado es adecuado, si lo es con carácter transitorio o si hay que hacer una reforma mayor que deje de lado el mercado marginalista. La cuestión al final es si las medidas que estamos adoptando en esta situación deben ser un instrumento adicional del que se puede echar mano cuando tenemos alteraciones significativas en los mercados energéticos que no sean meramente coyunturales, o si por el contrario debemos seguir con una lógica de mercado en el que no hay ningún tipo de intervención y que cada uno de los estados miembros adopte las medidas dentro de ese marco.

-Como el mecanismo ibérico.

-Desde luego lo que está claro es que el mecanismo ibérico sí que ha tenido una incidencia a la baja en los precios de la energía y la Comisión estaba incluso analizando la posibilidad de extender al resto de la Unión Europea algo similar. Estamos ahora mismo en plena discusión de distintas medidas, pero lo cierto es que en España esas medidas sí han tenido un impacto. Sé que la gente piensa que está pagando la energía carísima, pero lo único que puedo decir es que sin esos mecanismos el escenario sería peor.

-Recientemente Facua ha denunciado que Iberdrola ocultaba en su página web información relativa a cómo acceder a la tarifa regulada del gas. ¿Se ha iniciado algún tipo de expediente?

-Hemos recibido muchas quejas de consumidores que pedían cambiarse a la tarifa regulada de gas y que no lo estaban consiguiendo con diligencia. Ha habido un aluvión de solicitudes, unas 8.000 nuevas cada semana, de consumidores que piden el cambio, con todo lo que implica. Es probable que las empresas no hayan podido preverlo y dimensionarlo, por lo que se puede haber creado cuellos de botella. Ante esas quejas hemos abierto un expediente informativo en el que hemos requerido información a todas las empresas para saber con qué agilidad están llevando a cabo esos trámites. Un expediente informativo no es un expediente sancionador, y ahora estamos en la fase de obtener información para saber si existe un problema de obstaculización.

-En este contexto de inflación con grandes incrementos en el precio de los alimentos, ¿ha encontrado la CNMC evidencias de mala praxis entre grandes superficies o cadenas de supermercados?

-Estamos permanentemente vigilando con especial atención los sectores que afectan a los ciudadanos más vulnerables y la cesta de la compra es un buen ejemplo. Nosotros no podemos intervenir sobre los precios, pero sí que tenemos que salvaguardar la competencia efectiva. Si los precios son altos a pesar de la competencia, tenemos que buscar cuáles son las razones y ahora mismo son evidentes, como el encarecimiento de materias primas o de la energía. No observamos elementos de colusión. Tenemos que garantizar que las reglas de juego se cumplan y que no se produzcan situaciones de concertación.

-Pronto se pondrá en marcha la liberalización de las rutas de autobús de larga distancia. ¿Cree que el modelo que existía hasta ahora ha dado ya todo lo que tenía que dar? ¿Qué recomendaciones ha hecho la CNMC al respecto?

-El sistema español es un sistema concesional, lo que es una rareza en Europa, y que se ha demostrado poco flexible al no permitir adaptar las rutas a las nuevas necesidades de los viajeros. Cuando empezamos a hacer el estudio sobre este tema, más del 52 % de las concesiones de autobús estaban caducadas, en algunos casos con duraciones medias de hasta 30 años. Así es difícil que se incorpore la innovación digital, por ejemplo. En el resto Europa la liberalización de rutas a grandes ciudades ha supuesto una diferencia con España de ahorros de hasta el 30% del precio. Con los suficientes elementos de competencia bajarían los precios, aunque es cierto que hay que combinarlo también con las necesidades territoriales. Esa combinación de un modelo de liberalización con un eventual servicio público podría ser una alternativa, especialmente en las rutas de más de 100 kilómetros para que entre competencia, bajen los precios y se mejoren los servicios.

-Se cumplen ahora dos años de la liberalización ferroviaria. ¿Qué balance hace?

-España es un caso de éxito en la liberalización ferroviaria. En estos momentos está entrando ya Iryo, el tercer operador de alta velocidad, y la realidad es que no hay ningún otro país de la Unión Europea que tenga tres operadores de ferroviarios en la alta velocidad. Esto ha provocado unas rebajas significativas de los precios en el corredor en el que ya hay competencia efectiva como es Madrid-Barcelona. También ha entrado Ouigo en el Madrid-Valencia y se han producido rebajas sustanciales de los precios y un incremento notable de las frecuencias, lo que amplía las opciones del consumidor también a la hora de elegir comodidades, lo que lo hace más atractivo y una opción viable a la alternativa del transporte por carretera, altamente contaminante.

-¿Qué valoración hace de la suspensión por parte de la Audiencia Nacional de las sanciones que la CNMC impuso a las empresas constructoras que habían formado un cártel desde 1992 para repartirse contratos públicos?

-La prensa se hizo eco de que habían anulado la sanción de Sacyr cuando en realidad lo que ha pasado es se ha suspendido. Esto es muy habitual en nuestro sistema jurídico, que es muy garantista y de manera cautelar ha suspendido la multa, como hace la Audiencia Nacional yo diría que prácticamente en el 100 % de los casos. Muchas veces se llega a decir que con la cautelar se anula una sanción, que luego puede llegar a ser confirmada con la resolución final de por ejemplo el Tribunal Supremo.

-No es la primera vez que les ocurre.

-Durante bastante tiempo hemos visto cómo la Audiencia Nacional anula bastantes de nuestras resoluciones. Estamos trabajando internamente en la CNMC para reforzar el contenido y mejorar también la forma de comunicar nuestra actuación porque hay veces que damos por supuesto que los asuntos de competencia los conoce todo el mundo y quizá no es el caso. Pero déjeme que le diga que por ejemplo el Tribunal Supremo en lo que llevamos de año nos ha dado la razón todas las veces, ha confirmado el 100 % de nuestras resoluciones, y en el año anterior prácticamente el 95 %. Cada vez que nos anulan una decisión analizamos dónde nos hemos equivocado e intentamos reforzar nuestros procesos, pero yo estoy razonablemente tranquila.

-¿Qué sector diría que concentra el mayor volumen de recursos de investigación por parte de la CNMC?

-La contratación pública, sin ninguna duda. Es nuestra prioridad, especialmente en el contexto actual, en el que la gran parte de los fondos de recuperación y resiliencia se van a encaminar a través de contratación pública. Tenemos que estar totalmente preparados para que se haga de la forma más competitiva y eficiente posible porque es una oportunidad histórica que no podemos perder. Más del 10 % de nuestro PIB se genera con contratación pública, que además genera un efecto de tracción para todos los sectores de la economía. También estamos intentando hacer pedagogía en materia de contratación pública, formando a empleados públicos. En Andalucía por ejemplo se han detectado hasta 400 trámites innecesarios que se pueden eliminar.

Con la afluencia tan brutal de fondos que vamos a tener, teniendo que adjudicarlos además deprisa y con miedo a hacerlo mal, la tendencia natural en el ámbito de las administraciones es pedir más informes, alargar los procedimientos y cubrirse mucho.

-Recientemente ha habido cambios en la cúpula de la CNMC. Se ha hablado incluso de una "crisis de gobernanza". ¿Con el nombramiento de Rocío Prieto como directora de Energía se zanja esta cuestión?

-A mí me gustaría que alguien me explicara qué es eso de la crisis de gobernanza. La primera sorprendida he sido yo. No ha habido ninguna crisis de gobernanza, al contrario. Creo que tenemos una CNMC mucho más pacífica que en la etapa anterior. Rocío Prieto es la subdirectora más antigua de la dirección de Energía y tiene un currículum espectacular.