Foto: E. PARRA/EPMADRID (EFE). Fedea ha planteado sustituir las cotizaciones sociales que el Gobierno quiere ir elevando de forma gradual para los salarios más altos por un recargo proporcional "de solidaridad" sobre la cuota del IRPF que contribuya a la financiación del sistema.
El informe, firmado por el investigador Angel de la Fuente, cuestiona el planteamiento del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, de hacer una subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2025 y 2050, acompañada de una revisión inferior de la cuantía de las pensiones máximas.
Para el autor, la propuesta resultaría insuficiente para compensar el incremento del gasto en pensiones previsto ya que, una vez implementada por completo en 2050, "esta medida incrementaría la recaudación, como mucho, en un 0,15 % del PIB" frente a un alza de gasto cifrada en torno a 3,5 puntos de PIB.
"Si el destope se lleva hasta el extremo, sometiendo a cotización todas las rentas brutas del trabajo, el incremento de recaudación podría acercarse a un punto del PIB, todavía claramente insuficiente para eliminar el déficit previsto del sistema", añade.
Junto a esto, para el investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) la propuesta "supone potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante que no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social".
Y ante esto, propone eliminarlo, suprimiendo las cotizaciones por encima de determinados umbrales, y reemplazarlo por un recargo proporcional de solidaridad sobre la cuota del IRPF.
De esta forma, concluye, se aseguraría un "reparto equitativo de los costes no puramente contributivos del sistema de protección social entre una base más amplia de contribuyentes".
Este recargo, añade, debería sustituir también a las actuales transferencias del Estado a la Seguridad Social para hacer su coste más visible para el contribuyente.
El destope de las cotizaciones que pagan los salarios más altos forma parte del segundo bloque de la reforma de pensiones que negocia el Gobierno con patronal y sindicatos y constituye uno de los hitos comprometidos con Bruselas para este año.
