El Ejecutivo habilita 5.000 millones de euros para compensar por medidas en luz y gas

MADRID (EFE). El Gobierno ha aprobado un crédito extraordinario de 2.000 millones de euros para compensar el déficit del sistema eléctrico por la reducción de cargos y otro de 3.000 millones para financiar la nueva tarifa de último recurso de gas natural aplicable temporalmente.

El real decreto ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros y que se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge una aportación extraordinaria al sector eléctrico para compensar los gastos y garantizar el equilibrio del sistema.

Señala que se destinarán al sistema de liquidaciones del sector eléctrico 2.000 millones de euros para cubrir los costes financiados por los cargos del sistema eléctrico correspondientes al ejercicio 2022 y, de esta manera, compensar el eventual déficit del sistema eléctrico y garantizar su equilibrio.

El real decreto ley explica que la situación de altos precios de la electricidad ha hecho que se produzca un fuerte descenso en los cargos del sistema eléctrico, en tanto que los elevados precios de los derechos de emisiones de CO2 han tenido como efecto ingresos extraordinarios en el ejercicio 2022, lo que hace prever que este año se pueda saldar con un cierto superávit en lo relativo a cargos.

Señala que si, una vez que se haga la última liquidación provisional, la número 14, hay un superávit, y si éste fuera superior a los costes adicionales que aparecieran entre la liquidación 14 y la de cierre, es prudente inyectarlos en las liquidaciones del ejercicio 2023 para "evitar tensiones en la tesorería de los sujetos de liquidaciones en el año 2023".

No obstante, dice que si finalmente fueran necesarios más fondos para 2022 por circunstancias sobrevenidas, se prevé un mecanismo para revertir el trasvase de fondos en caso de ser necesario.

Además, en el real decreto ley publicado en el BOE se aprueba un crédito extraordinario de 3.000 millones de euros para financiar la nueva tarifa de último recurso (TUR) de gas natural aplicable temporalmente.

El Gobierno aprobó en octubre un real decreto ley, que, entre otras medidas, creaba tarifas de último recurso (TUR) vecinales para que las comunidades de vecinos pudieran acceder a esta tarifa y poder tener una limitación del coste de la materia prima en sus tarifas, como la que ya se estaba aplicando en las revisiones de las tarifas individuales TUR 1 y 2 para paliar el fuerte incremento del precio del gas natural.

Esos 3.000 millones de euros serán transferidos al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para compensar a las comercializadoras de último recurso (CUR) -pertenecientes a Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies- que son las únicas que pueden dar la tarifa regulada de gas.

Según explica el real decreto ley publicado este miércoles, esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado por ambas medidas.

En el real decreto ley, también se amplía la exención del pago del canon en instalaciones de almacenamiento de gas para el ciclo de inyección-extracción 2023-2024, debido a las nuevas obligaciones de llenado de tanques que se han establecido en Europa para asegurar el suministro afectado por la guerra de Ucrania.

La medida, establecida en marzo de 2022, se extiende ahora hasta el 31 de marzo de 2024. Además, para financiar la actividad de almacenamiento subterráneo regulada el real decreto ley aprueba un suplemento de crédito por importe de 23,16 millones de euros.

El Gobierno, que limitó la duración de los contratos en el mercado liberalizado de gas a un año prorrogable, estableciendo también una penalización máxima por rescisión anticipada para los consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último recurso (TUR), no hizo distinción entre consumidores domésticos e industriales.

Ahora considera que los industriales no deben tener esa limitación, pues disponen de información para valorar las repercusiones económicas de la duración del contrato de suministro y porque, además, limitarles la duración de los contratos puede impedirles disfrutar de ofertas más competitivas asociadas a periodos de suministro más largos.

El real decreto ley también extiende la fórmula que se estableció en agosto para agilizar la contratación de las administraciones públicas en materia de actuaciones de eficiencia energética, que finalizaba el 31 de diciembre, hasta el 30 de junio de 2023.

También amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 la vigencia de los convenios para la ejecución de proyectos de infraestructuras y restauración de zonas degradadas por la actividad minera, ya que el aumento de precios de los insumos ha dificultado la contratación de las obras.