MURCIA. El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y de la Universidad de Murcia (UMU) correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017 en el cual hace una serie de recomendaciones para mejorar la actividad que realiza esta universidad como la adopción de medidas "emprendedoras" que posibiliten una paridad entre hombres y mujeres.
Este tribunal considera necesario que la UPCT continúe trabajando en medidas para posibilitar una paridad entre hombres y mujeres con el fin de "remover los obstáculos en la carrera administrativa de la mujer en la universidad", ya que presenta "sesgos importantes" en favor del personal docente masculino al haber un 22,16% de mujeres docentes en esta universidad, cuando la media nacional es del 37,51%. Además, destaca que el personal administrativo y de servicios tiene "una composición claramente mayoritaria" de mujeres.
En cuanto a la UMU, el tribunal señala que no cumple con los límites de interinidad que fija la ley estatal, puesto que supera el 40% tanto entre el personal docente (41,5%) como entre el investigador (43,09%). No obstante, El TC felicita a la universidad por contar con un personal docente e investigador paritario, incluso ligeramente superior a la media nacional, también en las categorías más altas de personal, pero lamenta que esa paridad no se traslade a los concursos convocados a los cuerpos docentes.
Otro de los aspectos que valora el informe es el esfuerzo realizado por la UMU para captar fondos para proyectos de investigación y el aumento de su producción científica, que prácticamente se duplica en la última década, si bien considera que la transferencia de conocimientos a la empresas sigue siendo una “asignatura pendiente”.
Una materia en la que este tribunal pone deberes a la UPCT. Opina que la universidad cartagenera tiene una "escasa" actividad en la transferencia de conocimiento en relación con la solicitud de patentes y la creación de empresas derivadas o fíales de la UPCT, ya que es "una asignatura pendiente, aunque observa una "mayor intensidad" en el personal dedicado a la investigación.
Igualmente, el informe ha valorado "positivamente" el modelo de financiación de la UPCT a la hora de lograr una suficiencia financiera, aunque el sistema de financiación de ayudas al estudio universitario como becas de matriculas "no es neutral", pues la subida de los precios públicos prevista en la reforma de la ley Orgánica de Universidades se traslada a los presupuestos de la comunidad autónoma no cubierta por el estado.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas reclama a la Universidad de Murcia (UMU) que mejore sus sistemas de cobro de facturas pendientes, que asegure sus bienes en propiedad y que agilice los trabajos de implantación de contabilidad analítica, según se desprende del último informe de fiscalización aprobado este mes por esa instancia económico-judicial.
El informe de fiscalización hace referencia a las cuentas de la universidad de la ciudad de Murcia incluye por primera vez el análisis del estado de implantación del mencionado sistema de contabilidad analítica, que pretende mejorar la relación entre el precio del servicio público prestado por la universidad y su coste, el modelo de financiación y la política de becas, ayudas y créditos. El informe concluye que las cuentas presentadas por la UMU en esos dos años reflejan de manera “fiel” su situación financiera y patrimonial, aunque sigue sin implantarse la citada contabilidad analítica.
También alerta el informe de que la universidad, a pesar de los requerimientos de años anteriores, "no tiene asegurado el inmovilizado de su propiedad", lo que entraña un riesgo de “posible quebranto económico no cubierto adecuadamente”, si bien el tribunal reconoce que la UMU está trabajando en el pliego para contratar ese tipo de seguros.
El tribunal considera asimismo "insuficientes" las medidas que ha adoptado la institución docente para cobrar facturas pendientes de presupuestos cerrados, que suman 5,1 millones de euros en 2016 y casi 4,5 millones en 2017, y alerta de las “cuentas centralizadas sin movimiento que deben ser objeto de regularización para su adecuado control”. El resultado económico-patrimonial fue negativo en ambos ejercicios (14 y 6 millones de euros, respectivamente) aunque en ninguno de los casos se superó el límite de gasto no financiero aprobado. Sin embargo, el informe advierte de que la UMU "ha aprobado normas de ejecución presupuestaria que difieren de lo estipulado con carácter general para el sector público autonómico y que contradicen" lo dispuesto en las leyes estatal y regional de Universidades.
