MURCIA (Efe). El concejal de Urbanismo de Murcia, Andrés Guerrero, ha confiado en poder tener listo el próximo mes de marzo el nuevo Plan Especial de Infraestructuras (PEI) que permitirá desarrollar los convenios urbanísticos que se firmaron en torno a 2006 para la zona norte del municipio y evitar así nuevos pagos a las promotoras.
Según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local de este viernes, se están llevando a cabo reuniones técnicas mensuales para ultimar los detalles de ese PEI con el objetivo de poder cumplir con los convenios causando "el menor daño posible" al Consistorio.
Los convenios no llegaron a desarrollarse porque la justicia tumbó el plan especial en el que se enmarcaban en 2016 y hasta ahora no se había redactado otro proyecto para ello, si bien los convenios tendrán que ser modificados para ejecutarse en base a este nuevo PEI.
Entre los últimos trámites que se están llevando a cabo, Guerrero ha destacado la adecuación del borrador del PEI a la sentencia firme que da la razón a una de las promotoras, Mamusa, y que obliga al Ayuntamiento a pagar unos 23 millones de euros a esa empresa.
Actualmente hay al menos otras dos promotoras que han recurrido a la vía judicial para resolver los convenios y recuperar los fondos que habían pagado al Ayuntamiento.
Además, Guerrero se ha referido a la denuncia por posibles desvíos en el uso de esos fondos, que según sendas sentencias de 2016 y 2016, solo podían utilizarse en infraestructuras en la zona de desarrollo de los convenios, pero se habrían gastado en otros proyectos como la peatonalización de la avenida Alfonso X.
Podemos e IU llevaron el caso ante la Fiscalía y ayer aportaron nueva documentación, si bien el concejal ha señalado que desconoce su contenido pero podría acreditar ese supuesto uso irregular de los fondos.
La Junta de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy la constitución de la Junta de Compensación para el desarrollo de otro plan urbanístico, en este caso, en San Benito, en la zona sur de Ronda Sur, sobre una superficie de unos 150.000 metros cuadrados.
El 10% de las viviendas que se construyan en la zona deberán destinarse a protección oficial y se crearán asimismo zonas verdes, viales, áreas comerciales y una mejora en los accesos a la zona sur de la ciudad.
