El concurso de Porkytrans llega al Tribunal Constitucional

MURCIA. El Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo de la empresa murciana Porkytrans, inmersa desde 2018 en un concurso de acreedores un tanto ‘irregular’. Esta firma con sede en Librilla, dedicada al transporte y a la compra y venta de ganado y con delegaciones en Murcia, Asturias, Madrid y Extremadura, fue concursada por la compañía de seguros Crédito y Caución en representación de cinco proveedores, entre ellos Campofrío, que reclamaba un millón de euros.

Sin que se conociera proceso monitorio ni un ordinario de reclamación de cantidad, Crédito y Caución presentó concurso forzoso, que fue admitido por el juzgado de lo Mercantil número Dos de Murcia. El fundador y consejero delegado de Porkytrans, Andrés Narváez, siempre ha sostenido que la empresa vive desde hace más de dos años una situación de indefensión que está causando importantes daños y perjuicios a la compañía. El empresario afirma que el juzgado aceptó el concurso sin verificar la solvencia de la empresa ni si existían títulos ejecutivos de acreedor.

El concurso fue recurrido ante la Audiencia Provincial de Murcia en Apelación, que no atendió el recurso, y ahora en Amparo al Constitucional, cuya sala Primera lo ha admitido a trámite al entender que se han podido vulnerar principios fundamentales y generar la indefensión de la empresa.

Según consta en los balances y así lo acredita el administrador concursal nombrado por el juzgado, el economista Joaquín Pajarón, la empresa no ha atravesado en ningún momento situación de insolvencia ni deudas con Seguridad Social, Hacienda, trabajadores ni otros proveedores. Tampoco con Campofrío, charcutera que estaba reclamando a Porkytrans una cantidad no conforme y que estaba siendo discutida entre las partes cuando Crédito y Caución presentó el concurso.

En el informe remitido por el administrador concursal al juez se refleja una situación patrimonial de Porkytrans con un superávit libre de cargas de 22,2 millones de euros, frente a unas deudas de acreedores de 2,5 millones de los que 1,3 son de carácter subordinado.